La Ciudad de Buenos Aires arrastra una particular conducta apuntalada en trasladar fuera de sus perímetros geográficos distintas problemáticas propias. Una de ellas es el alojamiento de las personas privadas de su libertad por procesos penales. Más aún, siempre ha sido proclamado y visto como un signo de progreso cerrar sus cárceles para trasladarlas a la provincia de Buenos Aires. La de Caseros, ubicada en Parque Patricios, fue inaugurada en 1979 y cerrada definitivamente en 2001. El próximo cierre es el del Complejo Penitenciario Federal de la C.A.B.A, la cárcel popularmente conocida como la de Villa Devoto. El destino de su población estará en la localidad bonaerense de Marcos Paz.

En junio de 2018, la Legislatura porteña aprobó un convenio suscripto por Horacio Rodríguez Larreta con representantes del Poder Ejecutivo Nacional que presidía Mauricio Macri. En el mismo se establecía la mudanza de las personas detenidas a un nuevo establecimiento penitenciario en construcción, denominado Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz. Una vez trasladados los detenidos, las 5 hectáreas que ocupa la cárcel pasarán a ser un emprendimiento inmobiliario.

La reciente fuga de 9 detenidos en una comisaría de San Telmo reaviva el tema manteniendo la misma dirección. Es decir, la Capital Federal reclamando que otras regiones del país se hagan cargo de sus detenidos. Con particular ínfula el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, intimó al Gobierno Nacional a que reciba los presos que ahora están alojados en comisarías de la Ciudad. Macri refunfuña que hay más de 2.000 en estas dependencias. Se trata de un número creciente, hace seis meses eran 1.200.

La administración de la ciudad de Buenos Aires considera una molestia para los vecinos tener dentro de su geografía cárceles. Cerró en 2001 la de Caseros, y ya está planificado lo mismo para Devoto, que es la única prisión en funcionamiento dentro del territorio de la Capital Federal. Así las cosas CABA mandará sus detenidos a cárceles ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Un privilegio del que hace gala Jorge Macri con un reclamo a todas luces sobrecargado de pretensiones al exigir el traslado de quienes están detenidos en la actualidad en comisarías de la Ciudad fuera de su territorio. De esta forma, los porteños no se hacen cargo de este servicio, como tampoco lo hacen con sus residuos cloacales o la basura doméstica, ambas arrojadas también a la provincia de Buenos Aires.