Se van multiplicando las voces de repudio al presidente Javier Milei tras denunciar penalmente a los periodistas Viviana Canosa, Ari Lijalad y a Carlos Pagni por presuntas calumnias e injurias.

Tanto el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa repudiaron la denuncia del presidente. “Atacar a la prensa es grave, peligroso y antidemocrático”. En similares términos se expresaron el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Reporteros sin Fronteras rechazando las querellas que el presidente de la Nación, Javier Milei.

También se presentó en las últimas un proyecto de repudio de parte de todos los diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) que integran la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso. Allí, expresaron “su enérgico repudio a la sistemática campaña de descrédito, intimidación y persecución de la actividad periodística por parte del Presidente de la Nación y su equipo de comunicación, utilizando la investidura y recursos públicos contra columnistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación”. La iniciativa lleva la firma de 12 representantes de UP, entre ellos Leandro Santoro, Eduardo Valdés, Pablo Carro, Lorena Pokoik y Juan Marino.

Diputados de otros bloque se manifestaron en la misma dirección. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, remarcó el «hostigamiento constante a periodistas, denuncias por calumnias e injurias: prácticas intolerables para la vida en una república democrática y para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa».

El senador radical Martín Lousteau unió la denuncia de Milei con lo sucedido con militantes de Evolución demorados por la policía. «Primero fueron los ataques, amenazas y denuncias contra periodistas. Ahora, en una semana clave para la campaña electoral, detuvieron a siete militantes de Evolución que realizaban actividades políticas de manera absolutamente pacífica. No podemos naturalizar estos avances autoritarios ni mirar para otro lado».

La denuncia penal de Milei contra Pagni quedó a cargo del juez federal de Daniel Rafecas. La de Canosa está en el juzgado federal de Sebastián Ramos, y la que recae contra Lijalad recayó en el juzgado federal 6 que está vacante y es subrogado por el juez Rafecas.