Para remontarse a las primeras industrias ligadas a la producción de acero en nuestro país es necesario posar la mirada hacia las últimas décadas del siglo XlX, cuando se instalaron en Buenos Aires los primeros talleres para proveer insumos que eran utilizados en la producción agropecuaria, la construcción y la expansión ferroviaria. Así surgieron los Talleres Vulcano y Vasena, que habían adquirido cierto renombre hacia 1880. Posteriormente, hubo nuevos emprendimientos para cubrir demandas específicas como pequeñas firmas laminadoras que alcanzaron mayor envergadura fueron La Cantábrica y Tamet.

En el siglo XX surgieron otras iniciativas a partir de nuevas necesidades como materiales para la defensa nacional. En ese contexto que se decidió la creación de la Fábrica Militar de Acero a mediados de 1930. Fue a partir de las iniciativas de quien por entonces tenía grado de Coronel, Manuel Nicolás Savio, que la actividad siderúrgica alcanzó un impulso extraordinario.

Savio se asumió como un continuador de las tesis industrialistas del general Enrique Mosconi, primer director de YPF. Tuvo la conducción de Fabricaciones Militares y consiguió el permiso para iniciar exploraciones de cobre, hierro, plomo, estaño, manganeso, aluminio y berilio. Savio creo la Dirección General de Fabricaciones Militares a principios de la década de 1940. En 1943 impulsó la creación de Altos Hornos Zapla , aprobada por Decreto Presidencial, que fue la primera unidad siderúrgica integrada radicada en la localidad jujeña de Palpalá que comenzó a funcionar en 1944.

Bajo la Presidencia de Perón se fortalece un modelo Industrial para la sustitución de importaciones que permitió el desarrollo de una industria siderúrgica de envergadura integrada a la producción de un proceso productivo. Bajo este esquema Savio se pone al frente de un ambicioso proyecto que buscó formalizar el proceso de una Argentina industrial a través de lo que fue el Plan Siderúrgico Argentino aprobado por el Congreso Nacional en 1947.

El Plan Siderúrgico Argentino permitió la creación de la segunda unidad siderúrgica integrada que se radicó en San Nicolás para producir el acero necesario para abastecer a las plantas locales fomentando la actividad industrial para elaborar productos en base al acero nacional. San Nicolás será reconocida desde entonces, como un polo siderúrgico identificado con una de las empresas mas potentes del sector: La Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA)

San Nicolás está ubicada al norte de la provincia de buenos aires, en el límite con Santa Fe, a 230 kilómetros de la Capital Federal. Es una de las ciudades más antiguas de la provincia, que ya en 1608 era un poblado. Su fundación se remonta al 14 de abril de 1748 y su reconocimiento como ciudad se la dieron los congresales de Tucumán en 1819.

Perón había asumido el proyecto de industrialización del país para sustituir importaciones como un verdadero desafío para el crecimiento argentino. Lo sintetizaba bajo la consigna “aceros o caramelos“, en alusión a la necesidad de potenciar un país que en aquellos años carecía de industrias básicas. Épocas donde se exportaba materia prima que volvía al país transformada en diversos productos.

San Nicolas, que a comienzos de 1940 tenía 40 mil habitantes, comenzó a crecer vertiginosamente. El casco céntrico amplió su radio y los alrededores del pueblo se transformaron en parte de la ciudad. Fue todo muy vertiginoso y de la mano del acero. Para fines de los cincuenta la población había crecido un 20% y diez años más tarde, en los sesenta, casi se triplicó su número sobrepasando los cien mil habitantes.

Fueron muchos años de bonanza para una ciudad que desconocía la palabra desocupación. La producción de acero en el país crecía al compás de planes económicos antagónicos, impulsados desde los vaivenes políticos que el país sufría, entre gobiernos militares de pocas luces y los civiles de poca fuerza. Pese a los cambios bruscos institucionales que se sucedieron a partir de 1955, San Nicolas y su industria fue sobreviviendo y la demanda de acero también.

Entre 1973 y 1987 el aumento de la producción de las 8 grandes acerías del país, había crecido un 64%y la de hierro un 250%. Sin embargo, este período comenzaría a marcar un futuro incierto para San Nicolas. A pesar de este marcado crecimiento en la producción, desde 1976 y con la llegada del modelo económico de revalorización financiera capitaneado por Martínez de Hoz, se ingresó en otra cultura laboral que venía de la mano de nuevas tecnologías, la robótica y los despidos. Pese al aumento espectacular en la producción, el sector siderúrgico paso de 46 mil trabajadores a 34 mil. Una caída del 27% de personal que obtenía un 64% más de producción.

Al principio de ese período, en 1973, SOMISA tenía 16 mil trabajadores que en su inmensa mayoría residía en San Nicolas, cuya población ya estaba en los 140 mil habitantes. La empresa estatal llegó a ubicarse entre las 30 de mayor facturación anual del país; era la primera en aportes a las exportaciones agregadas de productos siderúrgicos, con aproximadamente un 35 por ciento del total; y representaba cerca del 60 por ciento de la capacidad de reducción y producción de acero.

Propulsora Siderúrgica Argentina, una de las empresas del grupo Techint, comenzó a operar en 1970, tras obtener créditos blandos del Banco de Desarrollo con la venia de quien fuera Ministro de Economía por aquel entonces, Adalbert Kriger Vasena. También obtuvo beneficios impositivos y hasta subsidios del Estado. La dictadura cívico-militar le otorgo varios privilegios esta empresa del grupo Techint, como importar la chapa caliente sin pagar el arancel correspondiente. SOMISA fue obligada a trabajar a pérdida para abastecer a Siderúrgica vendiéndole a un precio especial que estaba muy por debajo de lo que indicaba el mercado.

Hablando en números la situación era la siguiente: Propulsora Siderúrgica pagaba 310 dólares la chapa en caliente importada sin gravámenes y la vendía en frío a 460. Pero, el convenio firmado por la dictadura le otorgaba una gracia extra, la de pagarle a SOMISA 260 dólares la chapa. Es decir, la empresa privada tenía una espectacular ganancia de 150 dólares por chapa, mientras que SOMISA perdía 150 dólares por cada chapa que vendía. Conclusión: SOMISA presentaba pérdidas anuales de 80 a cien millones de dólares, esto a pesar del crecimiento que el sector tenía en aquellos años.

Para mediados de los ochenta la suerte ya estaba echada. La economía de SOMISA estaba en rojo permanente estimulando la presión de distintos sectores que pugnaban por su privatización, la que terminó por configurarse durante la presidencia de Carlos Menem cuando entregaba balances con déficit de 500 millones de dólares.

La consultora Braxton informó que entre junio y octubre de 1991, SOMISA tenía una caja negativa por encima de los 100 millones de dólares, lo que equivale decir una perdida diaria de un millón de dólares y fijaba su valor de venta entre 400 y 700 millones de dólares. La consultora sugería que con 3.700 trabajadores la planta funcionaria correctamente. Estaba anticipando la necesidad de forzar el retiro de casi 8 mil personas. Por primera vez las sombras de la desocupación invadieron San Nicolas.

Se abrió un retiro voluntario. Quien no accedía podía estar entre los suspendidos, iniciando el camino del despido. El gobierno de Menem propuso pagar el total de la indemnización, más un 20% como adicional. Para febrero de 1992 se habían jubilado, bajo un régimen especial, o aceptado el retiro voluntario 6.244 trabajadores y en la planta quedaban 5.344. Otros 2.500 trabajadores sufrían las consecuencias colaterales de esta catarsis al ser despedidos de empresas que eran contratistas de SOMISA.

En el pico del conflicto social que significaba esta reducción terrible de personal para San Nicolas, hubo un tema extra: En octubre del 91, con la consigna de acelerar el proceso privatizador, asumió Jorge Triacca como interventor en SOMISA. Llegó con la idea de instalar micro-emprendimientos, pero el dirigente plástico terminó siendo investigado por la justicia bajo los cargos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El 4 de diciembre de 1991, el fiscal Gustavo Bruzzone que meses más tarde sería desplazado del fuero federal, inicia la investigación señalando que el interventor había comprado en agosto de ese año, por contratación directa cuatro pisos del edificio de la calle Madero al 1000, por el que había pagado 5 millones de dólares, gastado después 500 mil más para arreglos internos. Todo en el medio de un plan de gran racionalización en la empresa.

El 14 de Julio de 1992, la Cámara Federal, confirmó la prisión preventiva para Triacca dictada por el ex Juez federal Martín Irurzun, que ya había sido ascendido a camarista. Su reemplazante, el Juez Federal Norberto Oyarbide, le dicto el sobreseimiento el 27 de diciembre de 1994.

Entre noviembre de 1991 y enero de 1992, el Estado nacional comenzó a pagar los 180 millones de dólares que correspondían por indemnizaciones. La inyección de dinero movió la economía de San Nicolas durante algún tiempo, desatando la fiebre de aperturas de negocios por parte de los propios despedidos. Hubo una repentina fiebre por la compra de electrodomésticos, casas y autos. La demanda generó la fantasía comercial de muchos de los despedidos que instalaron negocios.

Según las estadísticas municipales de aquellos años con el dinero de las indemnizaciones abrieron en San Nicolas 5.230 nuevos negocios, que sumados a los ya existentes, más los que funcionaban sin autorización, dejaba a la ciudad con la friolera cifra de un negocio por cada 10 habitantes.

Los taxis y remises se transformaron en otra desesperada fuente de salida laboral. La flota de taxis hasta 1991 en San Nicolas era de 80 autos, un año más tarde entre taxis y remises había 600 unidades ocupando a 1500 personas. Demasiados si se tiene en cuenta que 150 autos de alquiler son suficientes para abastecer San Nicolas.

Hubo familias enteras que buscaron otro destino en la geografía nacional, pero el 60% de los que se fueron volvieron. El desempleo ya estaba instalado como una maldición en todo el país.

Para colmo de males, muchos de los indemnizados se habían transformado en ahorristas y quedaron atrapados con la quiebra del banco de la Ribera, convertido 60 días antes de desaparecer en Banco Integrado Departamental.

Mientras esta verdadera catarata de desgracia recaía sobre los habitantes de San Nicolas, Menem removió a Triacca para nombrar a María Julia Alsogaray como nueva interventora de SOMISA. La tarea encomendada era que finalice el proceso privatizador. El 26 de noviembre de 1992, cuando el palacio de Economía estaba comandado todavía por Antonio Erman Gonzalez, finalmente se realizó el traspaso.

El grupo comprador estaba liderado por Techint, dos empresas brasileñas y una chilena, que lograron instalar como una de las condiciones de compra que no se podía importar chapas a menor precio de lo que ofrece la, ahora,  ex SOMISA. Depositaron 100 millones de dólares en efectivo en una cuenta de Nueva York, poco más de 12 millones en bocones y dos pagares de 20 millones cada uno. Eso fue lo que se pagó por una de las industrias base de la economía argentina con una facturación de 600 millones de dólares anuales en el último periodo anterior a su privatización. Como frutilla del postre la familia Rocca, dueños de Techint, obtuvo cinco créditos equivalentes a la misma suma que debían pagar por hacerse cargo de SOMISA

La venta de SOMISA, como también la de Altos Hornos Zapla, dejó al estado nacional sin participación estratégica en un sector tan dinámico como esencial para el desarrollo de la industria nacional. Su lugar lo ocupan grupos nacionales y de capitales extranjeros que conforman las empresas: Ternium (ex Siderar), Aceros Paraná, y Aceros Zapla.

Ternium Argentina S.A. es hoy, gracias a aquel Estado nacional que creó SOMISA en 1947, la mayor empresa siderúrgica de Argentina. Su principal accionista es Techint. Fabrica aceros laminados en caliente y en frío, galvanizados y hojalata tiene balances con ganancias desde 1994.