En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos comenzó esta semana el juicio oral a cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina acusados por su presunta responsabilidad en el hundimiento y posterior implosión del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 provocando la muerte de sus 44 tripulantes.

Los imputados son el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo (66 años), el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide (62), el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso (61) y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa (57), quienes llegan a juicio como presuntos autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Según la imputación, los acusados, en sus roles dentro de la Armada Argentina, no garantizaron el correcto alistamiento y mantenimiento del submarino, lo que implicó que la nave operara en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados.

El debate comenzó el martes pasado con la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal, en el que se reconstruyeron los hechos. Se expuso la valoración probatoria reunida durante la instrucción y se detalló la calificación legal atribuida a los acusados.

El 25 de octubre de 2017 el submarino zarpó desde la Base Naval Mar del Plata con destino a la Base Naval Ushuaia. Según la fiscalía el 14 de noviembre, entre las 22.35 y las 23.42, “se produjo un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías N°3, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio en el balcón de barras de baterías”. La acusación señala que «las consecuencias mediatas e inmediatas de este incidente afectaron a la tripulación y a los sistemas del submarino de forma tal que el 15 de noviembre a las 10.51 horas se produjo la pérdida de plano y posterior implosión de la unidad al superar la profundidad de colapso”.

El ARA San Juan fue hallado, un año después de su desaparición, por el barco Seabed Constructor que pertenece a la empresa estadounidense Ocean Infinity, que se hizo cargo de la búsqueda.