Impulsada por el oficialismo porteño en la Legislatura se sancionó una ley para que las viviendas que se ofrezcan en alquiler dentro de la Ciudad de Buenos Aires, para uso residencial de las personas, quedarán exentas del pago de la tasa de ABL y del impuesto Inmobiliario durante tres años o la duración del contrato de arriendo (lo primero que ocurra). Levantaron la mano solo los 31 legisladores del espacio que aglutina al oficialismo. No lo hicieron 21 de los presentes que pertenecen al resto de las bancas opositoras.

El proyecto que presentó la legisladora Paola Michielotto (VJ) refiere a los inmuebles que tengan un valor fiscal de hasta 10 millones de pesos y a cánones mensuales de locación inferiores a 220 mil pesos mensuales. Quedan excluidos de estos incentivos las casas o departamentos amueblados que se alquilen a turistas. Emmanuel Ferrario (VJ) defendió la iniciativa señalando que “se trata de incentivos para inquilinos y propietarios, exenciones de impuestos y soluciones concretas para que alquilar en la Ciudad deje de ser un dolor de cabeza”.

La diputada Maru Bielli (FdT) señaló que “las medidas anunciadas y las leyes votadas no sólo no resuelven la situación de las más de 480 mil familias que alquilan, sino que en algunos casos la empeoran”. Por su lado Ofelia Fernández (FdT) fustigó con dureza el proyecto señalando que le “regalan leyes así a los desarrolladores inmobiliarios, son unos ladrones. Espero que alguno haya ligado un departamento”

La iniciativa mereció el rechazo no solo de los bloques opositores. Desde el espacio Inquilinos Agrupados definieron como un “verso de la oferta y la demanda y el “incentivo” para que los ricos sean más ricos y los pobres, más pobres”.