Comenzó en Salta el juicio al empresario Marcos Levín, su ex jefe de personal y un ex comisario por crímenes contra 17 trabajadores de La Veloz del Norte. El ex dueño de la empresa enfrenta acusaciones como instigador de delitos de lesa humanidad.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Marta Liliana Snopek (presidenta), Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus inició el juicio que se le sigue a Marcos Jacobo Levín, ex propietario de la empresa «La Veloz del Norte»; a José Antonio Grueso, exjefe de personal de la firma; y Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta.
Levín llegó a juicio acusado por su presunta responsabilidad como instigador de los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas” en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa que fundó.
El empresario fue condenado a 12 años de prisión en 2016 -el fallo aun no está firme- por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, hermano de una de las víctimas y también trabajador de la firma.
Grueso, en tanto, está acusado como partícipe necesario de los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, en concurso real con privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por el uso de violencia y amenazas, en perjuicio de otros 16 empleados, hechos que concurren en forma real con el de imposición de tormentos contra 17 víctimas, agravado por tratarse de perseguidos políticos.
Almirón, por su parte, está acusado como autor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas.
Las acusaciones se desprenden de la requisitoria de elevación a juicio impulsada por el fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, quien interviene en el debate junto al fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila.
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