La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo lugar al llamado a prestar declaración indagatoria de un exmilitar y de dos civiles imputados como coautores del homicidio agravado del obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, y de la tentativa de homicidio calificado de su colaborador, Víctor Oscar Martínez, sucedidos en el marco de un suceso que fue presentado inicialmente y juzgado como consecuencia de un incidente vial el 11 de julio de 1977.

El fallo fue dictado el 27 de agosto pasado e hizo lugar al recurso de apelación del fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, que impulsa la hipótesis de un atentado contra el prelado, contra la decisión del entonces juez federal Marcelo Bailaque, quien había denegado la convocatoria de los imputados y supeditado el llamado a la realización de otras medidas de prueba.

La decisión fue adoptada por la sala B de la Cámara Federal, integrada para este caso por Aníbal Pineda y Élida Vidal, cuyo voto lideró el acuerdo con el que se anuló el decreto del 21 de noviembre de 2024 dictado por Bailaque.

El caso fue presentado y juzgado durante la dictadura como un siniestro vial en el que una camioneta embistió el auto en el que se movían las víctimas por la ruta nacional N°9, pero aquella sentencia, dictada en 1978, fue anulada en 2023 porque la investigación desarrollada por la fiscalía logró demostrar que se trató de un atentado contra Ponce de León, quien al momento de los hechos venía de denunciar en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina.

La colisión se produjo el 11 de julio de 1977, a la altura del kilómetro 212. Ponce de León conducía un automóvil Renault 4S, que chocó una camioneta Ford F-100. El prelado falleció producto del impacto, mientras que su acompañante, Víctor Oscar Martínez, resultó gravemente herido.

“Conforme los fundamentos del acuerdo que declaró la nulidad de la sentencia de 1978, es posible inferir en grado de sospecha que Bottini junto a Luis Martínez podrían haber tenido el dominio material de los hechos delictivos, esto es, que la colisión, acorde a la hipótesis criminal, fue un atentado pensado y ejecutado por las autoridades militares contra la persona del Obispo Ponce de León y no un accidente”, sostuvo la jueza Vidal en su voto.