En una audiencia oral y pública celebrada hoy en los Tribunales Federales de Rosario, el juez federal Marcelo Bailaque quedó imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal.

Se le impuso prisión preventiva por 90 días (queda en suspenso por su calidad de juez y hasta el jury de enjuiciamiento) y se ordenó la inhibición de sus bienes muebles e inmuebles por 1.500 millones de pesos.  La resolución se tomó en el marco de tres legajos penales donde se lo investiga por conductas contrarias a derecho como titular del Juzgado Federal N°4 de esa ciudad.

El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz hizo lugar a las imputaciones que expusieron, conjuntamente, el titular de la delegación regional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina; el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA, Matías Scilabra; y el fiscal federal de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari.

De la audiencia también participaron a través de la plataforma Zoom, el fiscal general interino con funciones de coordinación del Distrito Rosario, Javier Matías Arzubi Calvo; los titulares de la PROCUNAR, Diego Iglesias; de la PROCELAC, Diego Velasco; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

Tras la apertura, el juez cedió la palabra al fiscal Scilabra, quien brindó detalles de la carpeta judicial N°9010/2024 donde se cuestiona a Bailaque por su rol en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra un condenado narcotraficante que tramitaba desde 2013.