El traslado de la cárcel de Devoto está siendo cuestionado por algunos sectores sociales y políticos. No son pocos los que destacan que, con esta determinación asumida por la administración Larreta con apoyo del gobierno nacional, la Capital se queda sin centros de detención propios, delegando en la Provincia de Buenos Aires la responsabilidad de atender la necesidad porteña en este rubro. Los porteños recargan en los bonaerenses una problemática propia que incluye, no solo desligarse del lugar físico sino también hacerse cargo de la conflictividad social que esto conlleva. La propuesta es trasladar a quienes se encuentran detenidos en Villa Devoto a un nuevo pabellón en el penal de Marcos Paz que comenzará a construirse en agosto. Sin embargo, en esa localidad el Concejo Deliberante ya puso el grito en el cielo manifestando su preocupación por la ampliación del penal local para atender necesidades porteñas. Lo hizo en una sesión especial a la que no asistieron los concejales del bloque Cambiemos. El intendente, Ricardo Curutchet, manifestó que no hubo ninguna comunicación previa a anunciar el traslado.

También hay oposición a esta propuesta puertas adentro de la ciudad de Buenos Aires. Pensando en lo que esto representa para los internos, desde la legislatura porteña, el diputado Gabriel Solano (Frente de Izquierda) asegura que trasladar “una cárcel fuera de la ciudad afecta derechos fundamentales de los presos, de sus familias y también de sus abogados y jueces naturales. Esto afecta su reinserción social y derecho a la defensa”. Solano entiende, además, que detrás de esta decisión hay un negocio inmobiliario. “Aunque el gobierno lo justifica en nombre de la mejora del barrio, lo cierto es que los negociados inmobiliarios harán subir los precios de las propiedades y alquileres, dificultando la permanencia de los trabajadores en la ciudad”.