Hay mecanismos legislativos para la sanción de ciertas leyes que reservan en la Ciudad un planteo singular. Deben pasar dos veces por el recinto deliberativo con una audiencia pública que separa una sesión de otra. Es el caso de estas últimas tres polémicas leyes que diputados porteños avalaron en las últimas horas bajo la inquietante mirada social preocupada por la permanente pérdida de espacios verdes en la ciudad y un desarrollo inmobiliario voraz que arrasó con la geografía urbana tradicional de muchos barrios.

Al oficialismo le alcanzó con sus propios votos. Contrario a lo que marcó el tablero del recinto fueron 37 los legisladores que acompañaron la iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta. Todos los integrantes de los tres bloques que conforman el interbloque que responde al Jefe de Gobierno (Vamos Juntos, Socialismo y UCR-Evolución) levantaron la mano. Los otros 23 diputados del abanico opositor se opusieron.

En los discursos se observaron fisuras en la alianza oficial. Alientan a pensar que las excepciones votadas, permitiendo ganar más altura y rentabilidad para los desarrolladores inmobiliarios, pueden quedar truncas o sufrir sensibles modificaciones en su regreso al recinto. Un anticipo lo dio Diego García Vilas anunciando el retiro de un cuarto proyecto que proponía idénticos privilegios para futuras torres en Puerto Madero. Más tarde, el mismo legislador que integra el bloque Vamos Juntos desde el partido que conduce Graciela Ocaña (Confianza Pública), llamó la atención al hablar en nombre de ese espacio para dejar en claro que prestarán especial atención a los argumentos de quienes se presenten en la audiencia pública. El radical Martín Ocampo había recorrido un argumento similar minuto antes.

Las audiencias públicas suelen ser un tiro al aire, sin destino, a la hora de modificar o frenar la sanción de leyes que arrastran dudas en relación al beneficio que puedan generar para el conjunto social. Sin embargo, en este caso la situación podría ser bien diferente. Dicho esto en potencial dado los muy fuertes intereses que pugnan por un extraordinario negocio inmobiliario. Las excepciones para el Barrio Náutico que proyectan en Costa Salguero representan 33 pisos cuyo valor por metro cuadrado está calculado en 9 mil dólares.

La repercusión que ha tenido el tratamiento de estas leyes que buscan beneficiar desarrolladores inmobiliarios no ha pasado desapercibida. Distintas organizaciones ambientales de la ciudad planifican movilizarse en la audiencia pública. Algunas tienen en sus pergaminos varias batallas ganadas al atropello que imponen estos negociados urbanísticos. No son pocas. Podrían ser el argumento para quienes, desde adentro de la alianza gobernante, decidan no acompañar en una segunda instancia de votación y ratificación de estas polémicas leyes.