Personalidades de distintos ámbitos presentaron formalmente en el Congreso de la Nación el pedido de Juicio Político contra el Presidente Javier Milei por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos.

En un escrito de 25 páginas la presentación está firmada, entre otros, por el premio Nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel; la referente de Soberanxs y ex embajadora ante Venezuela y el Reino Unido, Alicia Castro; el constitucionalista Eduardo Barcesat; el ex juez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el economista Claudio Lozano; el sociólogo y periodista Jorge Elbaum; la investigadora Dora Barrancos, secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; el Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo y la ingeniera y referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis.

En la presentación, solicitaron que el Congreso de la Nación investigue tanto al Presidente como a otros funcionarios por los posibles delitos de, instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos;  apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; la posible comisión del delito de apología del crimen; abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público.

En el escrito se señala que estas acciones tuvieron como consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios, así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos.

Por otra parte, tras señalar que la legitimidad de origen otorgada por el voto popular se concreta y agota al asumir el cargo, entre los argumentos centrales para solicitar el inicio del juicio político, el escrito también plantea que la puesta en vigencia del Decreto 70/2023 “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.