Procesaron a siete exmilitares de inteligencia por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 300 víctimas en 1976 en Campo de Mayo. A seis les dictaron la prisión preventiva, que cumplen en sus domicilios. Están procesados como partícipes necesarios de privaciones ilegales de la libertad, imposición de tormentos y homicidios perpetrados contra las víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la guarnición militar.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, procesó a siete exmilitares, integrantes del Departamento II de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el transcurso de 1976 contra más de 300 víctimas de los distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en Campo de Mayo.

La medida fue en línea con el pedido formulado, luego de un importante trabajo de relevamiento e investigación, por la Oficina de Derechos Humanos de San Martín, a cargo del fiscal Miguel Ángel Blanco García Ordás, quien contó con la colaboración de los integrantes de esa unidad fiscal Nadina Valenti, Juan Martin Guerrini y Juan Pablo Di Giorno.

En la resolución judicial de 584 páginas firmada el 28 de abril pasado, la jueza Vence procesó con prisión preventiva domiciliaria a los entonces teniente primero Carlos Alberto Lima Coimbra, mayor Ernesto Alejandro Repossi, capitanes Néstor Osvaldo Quaroni y Guillermo Amado Domínguez Matheu, y sargentos Carlos Alberto Rojas y Mario Rubén Domínguez. En tanto, la jueza procesó sin prisión preventiva al entonces mayor Javier Tamini.

La resolución incluyó el embargo en los bienes de Domínguez, Coimbra y Tamini hasta cubrir una suma de 30 millones de pesos cada uno; de Rojas y Quaroni, en 20 millones de pesos cada uno; y de Repossi y Domínguez Matheu, en 15 millones de pesos cada uno.

La fiscalía había imputado a los exmilitares el haber puesto a disposición todos los medios necesarios para que se produjeran las detenciones de las víctimas, quienes estuvieron alojadas en los distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en la guarnición militar de Campo de Mayo, con el objetivo de interrogarlas, en la mayoría de los casos, bajo tortura con picana eléctrica en distintas partes de sus cuerpos, golpes, mordeduras de perros y simulacros de fusilamiento, entre otras modalidades.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que los interrogatorios bajo tortura tuvieron como fin la obtención de información, para procesarla en el marco de la denominada “comunidad de inteligencia” (es decir, con los representantes de las fuerzas armadas y de seguridad) y utilizarla en la ejecución del plan de represión implementado en el ámbito de la denominada zona militar de defensa IV —el país estaba dividido en cinco zonas de defensa—, que tenía su comando a cargo el Comando Institutos Militares con sede en Campo de Mayo.