De manera extrañamente insólita el municipio de San Isidro mantiene, como una forma de homenajear, a una calle de la localidad de Martínez con el nombre de un dictador en nuestro país. Se trata de Pedro Eugenio Aramburu quien, si bien es cierto fue víctima de un asesinato tras ser secuestrado, formó parte de la sangrienta dictadura que derrocó al segundo gobierno de Juan Domingo Perón.

Aramburu apoyó un delito de lesa humanidad como fue el bombardeo durante cinco horas a la plaza de Mayo y la Casa Rosada asesinando a 400 personas (entre ellos 40 niños que estaban en un micro escolar). Bajo su intervención nacional se produjeron fusilamientos de peronistas en los basurales de José León Suárez.

Por estos días el Concejo Deliberante de San Isidro tiene en sus manos hacer cultura. Honrar la vida y, sobre todo, valorar el sentimiento democrático que debe reinar en toda sociedad respetuosa y tolerante. El proyecto fue presentado por el concejal Marcos Díaz (PJ-Unión por la Patria) tendiente a cambiarle el nombre a dos calles que llevan el apellido de dos confesos asesinos y dictadores: Pedro Eugenio Aramburu en Martínez y Eduardo Lonardi en Béccar, respectivamente.

En realidad, no es el primer Proyecto de Ordenanza que se presenta en el HCD. Desde hace décadas, y a través de distintos concejales, el Concejo Deliberante fue fiel testigo de un poder municipal -possismo y Juntos por el Cambio- que se opuso y rechazó, de manera sistemática, desterrar esos apellidos que tanto dañan y nada aportan.

Medios de comunicación regional han difundido mucho la presentación de estos proyectos. Muy especialmente lo hizo el periódico Lo Nuestro, acaso el más influyente de la zona norte del Gran Buenos Aires. En sus páginas se pueden leer fundamentos para vetar cada uno de los proyectos que ni siquiera llegaban al recinto para un merecido debate “La gente está acostumbrada a ese nombre, cambiarlo es un incordio, hay que notificar a empresas de servicios, a bancos, en fin, es un lío”, es uno recurrente.

Como muestra de hipocresía o contradicción, el concejal Díaz, entre los fundamentos para modificar el nombre a ambas calles, rescata que “por intermedio de la Ordenanza Nº 8.649 del Partido de San Isidro, promulgada por el Decreto 993/2012, se prohíbe en el ámbito del municipio, el nombramiento de calles, avenidas, paseos y espacios públicos, plazas y monumentos que recuerden personalidades y/o funcionarios que hayan tenido participación en gobiernos que accedieron al poder a través de un Golpe de Estado”. Queda expuesto que en San Isidro, esto no se respeta.