La escena se repetía todos los días. Cristina Fernández llegando a su departamento en Juncal y Uruguay, en Recoleta, saludando a militantes que custodiaban el lugar en forma casi permanente. Habían asumido esa actitud, después que la vicepresidenta sufriera hostigamientos en las inmediaciones de su domicilio y frente a las oficinas del Instituto Patria. Grupos de extrema derecha, desplegaban por esos días, un nivel de odio creciente.

El 1 de septiembre, cerca de las 21:00, un hombre entre la multitud quedó a pocos centímetros de la vicepresidenta. Sacó un arma y mientras Cristina saludaba, gatilló dos veces muy cerca de su cabeza. En el momento, Cristina no percibió la gravedad de la situación. Se inclinó para recoger un libro, que se le había caído a un militante. Ella misma declararía más tarde, que comprendió lo que había pasado cuando subió a su departamento y vio el ataque por televisión.

El hombre que intentó asesinarla fue reducido de inmediato, por militantes peronistas. Tenía 36 años, nacionalidad brasileña, con domicilio en Villa del Parque. Su nombre: Fernando Andre Sabag Montiel. En los días previos, solía estar por la zona vendiendo copos de azúcar junto a su novia, Brenda Uriarte.

Ella también estuvo en Recoleta, la noche del atentado. Se la vió en varias filmaciones merodeando la entrada del departamento de Cristina. Cuando observó que su pareja fue detenida y alojado dentro de un móvil policial, prefirió alejarse.

Al día siguiente del atentado, Brenda Uriarte dialogó con Telefe y expresó que se encontraba “desconcertada” por lo sucedido. También se victimizó señalando que había recibido amenazas. Con respecto a su pareja, comentó: “Para mí era una persona copada, que hace chistes, amoroso, buena persona, no tenía pensado que sería capaz de algo así”.

Antes del atentado, Brenda Uriarte solía mostrarse en Crónica TV, donde era convocada para hablar en contra de los planes sociales. Mantenía una vocación por hacerse ver y escuchar, con discurso opositor.

El domingo 4 de septiembre, Brenda Uliarte fue detenida en la estación Palermo del ferrocarril San Martín. Días más tarde también serían privados de su libertad, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz; quien estuvo un mes detenida y finalmente fue sobreseída. Todos fueron arrestados por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien se encuentra a cargo de la investigación judicial del atentado a la vicepresidenta.

No se trata de una magistrada imparcial. Capuchetti ocupa oficialmente desde 2019 el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº5, que con anterioridad estuvo a cargo de Norberto Oyarbide. Su nombramiento fue impulsado en el senado nacional por la bancada de Juntos por el Cambio en tiempos de la presidencia de Macri.

En enero del año pasado el ministro de Justicia, Martín Soria, aportó un dato sorprendente, atento a que ningún magistrado puede tener más ingresos económicos que su propio sueldo como tal. Soria denunció que Capuchetti está contratada como “investigadora senior” por el Gobierno de Larreta desde 2019. El ministro hizo pública la denuncia a través de Twitter, adjuntando la partida correspondiente de la contratación de la jueza. El mensaje fue reposteado por Cristina Fernández.

Los hostigamientos a la vicepresidenta, ocurridos frente a su domicilio y también en el instituto Patria, se potenciaron después del 22 de agosto del año pasado; después de la sobreactuación del fiscal Diego Luciani pidiendo para Cristina Fernández 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio conocido como “Vialidad”.

El grupo que solía ir a insultar a la vicepresidenta en la puerta de su casa, multiplicó su ferocidad tras aquel alegato de Luciani. Comenzaron a aparecer los líderes de una organización ultraviolenta autodefinida como Revolución Federal. Sus dos cabezas más visibles, son Jonathan Morel y Leonardo Sosa.

Tras el atentado los abogados de Cristina Fernández, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, presentaron pruebas de un posible nexo entre el grupo Revolución Federal, Brenda Uliarte y Sabag Montiel. La jueza Capuchetti primero y la Cámara Federal después, se negaron a unir a la organización con el atentado.

Un nuevo indicio surgió el 23 de septiembre. Jorge Abello, asesor del Bloque de Unión por la Patria, se presentó ante la justicia y declaró que había visto al diputado del Pro, Gerardo Milman dos días antes del atentado en el bar “Casablanca” de la esquina del Congreso, con dos mujeres a quienes les dijo “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

Las cámara de calle, corroboraron el encuentro. Las asesoras del diputado, eran Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, quien había trabajado con Milman en el Ministerio de Seguridad bajo la órbita de Patricia Bullrich.

María Eugenia Capuchetti también se negó a avanzar sobre la pista Milman. La vicepresidenta la recusó, considerando como algo muy grave que no investigue al diputado, teniendo un testigo que le escucho decir que conocía que iban a atentar contra su vida.

Milman, que fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Bullrich, manejando la Inteligencia, ante la declaración de Abello presentó un escrito en el que reconoció haber estado en esa confitería, pero negó pronunciar la frase que se le atribuyó y denunció al testigo por falso testimonio. Ante esta novedad, los abogados de Cristina Fernández, pidieron inmediatamente el secuestro de los celulares de Milman.

El fiscal Carlos Rívolo dio curso a ese pedido. Solicitó el secuestro del aparato telefónico de Milman, pero Capuchetti lo rechazó. En instancia de apelación la Sala I de la Cámara Federal, revocó por mayoría la decisión de la jueza y estableció que se podían analizar mensajes, comunicaciones y evaluar si hay algunos borrados en un período determinado, entre julio del año pasado y el 10 de mayo de este año.

Tras esa determinación de la Cámara Federal, Capuchetti envió una nota a la titular de Diputados, Cecilia Moreau, para que se tramite, de acuerdo a la ley de fueros, una autorización para incautar y analizar el o los teléfonos del Milman. Esta semana, once meses después de aquel primer pedido, el parlamento nacional lo aprobó. En ese período sucedieron muchas cosas.

En mayo una de las secretarias de Milman, Ivana Bohdziewicz, declaró como testigo por tercera vez en la causa. En esa ocasión reveló que en plena investigación judicial su compañera de despacho, Carolina Gómez Mónaco, la llevó a una oficina de Patricia Bullrich donde las esperaba Milman junto a un perito con la intención de borrar el contenido de su teléfono. Con anterioridad lo que había declarado ella era que borró todo para preservar su privacidad.

Milman ya entregó un celular, pero reina la desconfianza. El diputado Rodolfo Tailhade se quejó señalando que el peritaje del teléfono debió haberse hecho apenas Milman fue mencionado en la causa. “Ayer entregó un teléfono pero no sabemos si es el que borró en la asociación civil de Patricia Bullrich o si lo compró a la tarde en Once”, resaltó el legislador asegurando que tampoco se sabe cuántos celulares tiene o tuvo.

El 26 de junio pasado comenzó el juicio oral a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, aunque la atención está puesta en otros procesos como la llamada pista Milman y la investigación sobre la agrupación Revolución Federal y quienes o como financiaban sus actividades. También está pendiente el expediente que abrió la jueza María Servini para saber que pasó con el teléfono de Sabag Montiel en las primeras horas de la investigación.

Diputadas del bloque Unión por la Patria presentaron distintas cuestiones de privilegio durante una sesión en la cámara baja el mes pasado apuntando a su par del bloque del Pro, Gerardo Milman como “uno de los autores intelectuales del atentado contra Cristina Kirchner”. Planteos que surgieron como un correlato de lo sucedido ayer en los tribunales de Comodoro Py, con la presentación por primera vez de la expresidenta declarando en la causa por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022.

La diputada Florencia Carignano preguntando socarronamente, “¿qué hace acá sentado entre nosotros Gerardo Milman?”, a quien llamó por su seudónimo “Cherry”, tal como lo denominaban sus secretarias. La legisladora, hablando en primera persona y mirando siempre a Milman, le preguntó: “te acordás cuando dijiste, cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.  Posterior a Carignano su compañera de bloque Paula Penacca exigió “que la justicia investigue la pista política que nos llevan al diputado Milman”, concepto que también acompañó en su exposición el rosarino Germán Martínez.