Por José Pepe Armaleo

La reciente propuesta de reforma política impulsada por el oficialismo representa un golpe directo a los principios fundamentales de la democracia argentina. En un intento por privatizar el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, el gobierno de Javier Milei busca desmantelar el sistema mixto público-privado que, con sus limitaciones, garantiza cierta equidad en la competencia electoral.

Esta iniciativa no es sólo una medida técnica; es un cambio de paradigma que amenaza con entregar la política argentina a los grandes grupos económicos, consolidando un modelo de exclusión que deja a los sectores populares y a los partidos pequeños en una desventaja abrumadora.

Privatización de la política: un retroceso democrático

La eliminación del aporte estatal para campañas electorales y el aumento de los límites para el financiamiento privado abren las puertas a una peligrosa concentración del poder. En este escenario, la política se convierte en un terreno de disputa entre los capitales más poderosos, donde las ideas y proyectos de transformación social quedan subordinados a los intereses de unos pocos.

Al eliminar el tope máximo de gastos en campañas y permitir que un solo aportante pueda financiar hasta el 35 % del total, se quiebra la lógica democrática que busca garantizar cierta igualdad de condiciones. Este modelo no sólo desvirtúa la representación popular, sino que convierte a los candidatos en rehenes de quienes financian sus campañas, consolidando una política al servicio de intereses privados en lugar del bienestar colectivo.

El legado de Perón, Ferla y Cooke

Desde distintas tradiciones políticas, figuras como Juan Domingo Perón, Salvador Ferla y John William Cooke coincidieron en un principio fundamental: la política debe estar al servicio del pueblo y no subordinada a los intereses económicos. Perón, como arquitecto de un Estado justicialista, defendió la centralidad del rol estatal para garantizar igualdad y justicia social. Ferla denunció incansablemente el colonialismo interno, que en este caso se traduce en la dependencia de nuestra democracia de los poderes económicos. Cooke, por su parte, habría señalado que esta reforma no es más que un instrumento de dominación de clase, diseñado para desmovilizar al pueblo y perpetuar un sistema de privilegios.

La amenaza de un modelo estadounidense

El ejemplo más cercano y peligroso de este sistema es el de Estados Unidos, donde las elecciones se han convertido en una carrera de fondos, dejando fuera a quienes no cuentan con el respaldo de los grandes grupos económicos. El caso de Elon Musk, quien utilizó su fortuna para influir en los comicios norteamericanos, es una advertencia de lo que podría suceder en Argentina: la política como un mercado y los ciudadanos como meros espectadores.

Un llamado a la resistencia democrática

Esta reforma no sólo privatiza el financiamiento político, sino que también fragmenta y debilita a nuestra democracia, transformándola en un juego de elites. En un contexto de crisis económica y fragmentación social, las decisiones políticas no pueden estar determinadas por la billetera más grande sino por las necesidades del pueblo argentino.
Es fundamental que la ciudadanía, los partidos políticos y las organizaciones sociales se unan para rechazar esta propuesta. No podemos permitir que la democracia sea vendida al mejor postor, ni que la igualdad electoral, tan difícilmente conquistada, sea pisoteada por intereses mezquinos.

La política no es un privilegio de pocos, es un derecho de todos. “La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia y la soberanía no se entrega”

* José “Pepe” Armaleo: Abogado, Magister en Derechos Humanos, integrante del Centro de Estudios Arturo Sampay de Zona Norte.