«Las acciones aquí investigadas obedecieron a un plan organizado y ordenado por las más altas autoridades nacionales, que se valió de una de las más áreas más sensibles del gobierno para atender de manera ilegal sus intereses políticos», así de tajante es un párrafo de la argumentación que el juez Alejo Ramos Padilla escribió en su resolución para determinar el procesamiento de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los años que gobernó Mauricio Macri. El procesamiento incluye también, además de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, máximos titulares de la Agencia en esos años, a otros nueve ex agentes del organismo.

En el fallo de 979 carillas Ramos Padilla concluyó que «existía una directiva de carácter general» que ordenaba a los agentes de la AFI «realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo».

El magistrado señala la existencia de lo que se denominó como Proyecto AMBA que realizaba tareas vinculadas a la política bonaerense, algo que no contempla la ley de inteligencia nacional, movilizadas por los intereses políticos del gobierno de Mauricio Macri. Ramos Padilla trabó embargos de 20 millones de pesos para los dos exfuncionarios, quienes ya habían sido procesados por otros hechos de inteligencia ilegal el 5 de agosto último, en la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.