Esta vez fue en corralones que comercializan materiales para la construcción. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó controles en la cadena de comercialización del cemento en todo el país, con el objetivo de combatir la evasión fiscal, el comercio ilegal y informalidad laboral en el sector. En las últimas semanas, se relevaron 178 corralones de materiales y se detectaron diferencias en las ventas declaradas por una suma superior a los 1.700 millones de pesos.

La AFIP pudo determinar esas diferencias a partir del cruzamiento de información entre las bases informáticas en contraste con lo declarado por los contribuyentes relevados en los procedimientos. Asimismo, se determinó que esa suma tendría un impacto cercano a los $295 millones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y superior a los $595 millones, en Ganancias. Producto de esta investigación, se labraron 53 actas por infracciones formales y 19 actas de clausura.

Los controles se enfocaron en verificar la emisión de comprobantes fiscales, la inscripción de los contribuyentes en el régimen de información de compras y ventas, las diferencias de inventario en las bolsas de cemento y la verificación tanto de la existencia como la legitimidad de los proveedores y clientes de las empresas. Por otra parte, también se relevó a un total de 1.037 trabajadores que se encontraban en los establecimientos y se detectó que el 15% presentaba irregularidades.

A partir de estos resultados, la AFIP intensificará las acciones de fiscalización en las empresas que fabrican, distribuyen y venden cemento. Se controlará el traslado de la mercadería para evitar la comercialización en el mercado informal al tiempo que se trabajará en conjunto con otros organismos nacionales para detectar y combatir el lavado de dinero.

Estos controles se suman a las medidas ya implementadas por la AFIP en otros sectores de la economía, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento tributario y mejorar la recaudación fiscal y se espera que estos nuevos controles contribuyan a mejorar la transparencia, la legalidad en la comercialización del cemento, y a combatir tanto la evasión fiscal como el comercio ilegal en el sector.