La justicia ordenó que en el plazo de 15 días se realice una nueva evaluación y se otorgue el Certificado Único de Discapacidad a un niño que padece una cardiopatía congénita compleja. La titular del juzgado n.º 19 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrea Danas, hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la madre de un niño discapacitado contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó al Ejecutivo local que en el plazo de 15 días realice una nueva evaluación médica y otorgue el certificado único de discapacidad. El reclamo de la actora en representación de su hijo, sobrevino luego que el GCBA -a través de una junta médica- le denegara la renovación del certificado que le había sido otorgado por segunda vez en 2014 con validez hasta 2016. La decisión se basó en el incumplimiento del criterio de discapacidad según normativa visceral vigente, informaron desde el Ejecutivo; para luego indicar que “se presentó el menor a una segunda evaluación realizada por tres profesionales que acordaron con la misma denegatoria acontecida en la primera evaluación”. El menor fue intervenido desde sus primeros días de vida debido a la cardiopatía congénita (tronco arterioso con obstrucción del arco aórtico y comunicación interventricular) que padece, por la que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente a medida que crezca. Recordó la magistrada en su considerando que “la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, prevé que su propósito es ‘… promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.