La pandemia trajo cambios en la dinámica cultural y laboral que afectan el diario latir de los argentinos, pero mucho más en particular a la ciudad de Buenos Aires. Difícilmente el macrocentro recobre su escenografía habitual de dos años atrás. El trabajo desde casa (home office) llegó para quedarse y dejar miles de oficinas vacías. Edificios completos se han transformado en pasillos de fantasmas por estos días. Su futuro parece incierto, aunque ya comenzaron las primeras especulaciones inmobiliarias.
El gobierno porteño conoce mucho de negocios inmobiliarios. En julio envió a la Legislatura, y terminó aprobando, un proyecto de reforma del Código de Edificación de la Ciudad que habilitó la construcción de mini departamentos de tan solo 21,5 metros cuadrados. Varios edificios donde solo había oficinas comenzaron reformas para adaptarlas a estas mini viviendas.
En medio de esta vorágine inmobiliaria, en una ciudad que se encuentra en emergencia habitacional desde hace años, el Estado porteño tiene su propio bagaje de propiedades. Desde la oposición surgen críticas al manejo discrecional que viene realizando el gobierno local desde hace 14 años. «Propusimos conformar un banco público de inmuebles, la creación de un registro de contratos y de un sistema de garantía bancaria con el banco Ciudad. Pero, el modelo de Larreta es muy claro, que vivan en la Ciudad los que puedan pagarlo», afirmó el inquieto legislador peronista, Javier Andrade apelando a la necesidad de «frenar este modelo excluyente y discutir con urgencia el modelo urbano». El bloque que integra Andrade (Frente de Todos) presentó un proyecto para crear una Inmobiliaria Estatal capaz de administrar lo propio y evitar los desbordes de la voracidad que en muchos ocasiona el negocio en este delicado rubro.
Crisis similares afectan ciudades de todo el mundo. Algunas afectadas por las burbujas inmobiliarias que arrasaron a incautos tomadores de créditos hipotecarios. En países como Alemania el Estado asume un rol determinante y regulador para garantizar el acceso a la vivienda. La comuna de Berlín compró 14.500 casas para regular el precio de los alquileres y podría expropiar 250 mil viviendas más.
