Por Claudio Leveroni

El desconcierto que generan las acciones del gobierno nacional no solo abarca al grueso de la población, que soporta un ajuste de proporciones pocas veces visto en la historia de nuestro país. Puertas adentro de la administración que conduce Javier Milei existe incertidumbre también por las intempestivas tomas de decisiones que asume el propio primer mandatario.

En el circuito político cuesta creer que haya expulsado a un ministro por filtrar información de una reunión de gabinete. No parece ser una causa para semejante determinación, mucho menos a tan solo 47 días de haber asumido. Sin embargo, esto sucedió tal como trascendió. Los brotes emocionales del presidente resultan ser explosivos. Apuntó a Guillermo Ferraro la responsabilidad de una información dada en el matutino Clarín que daba cuenta de una máxima dureza del presidente con los gobernadores que no acompañen el megaproyecto de ley “ómnibus”.  Tarjeta roja para el ahora ex integrante del gabinete con un bonus: El Ministerio, que no tiene obra pública, pasó a ser una Secretaría bajo el empoderamiento del titular de la cartera económica.

Luis Caputo acumula mayor responsabilidad y, al mismo tiempo, poder para direccionar la economía nacional. Debe leerse también que se trata de la ratificación del Presidente a un ministro que horas antes había toreado a Miguel Ángel Pichetto, titular de uno de los bloques parlamentarios con quien se está negociando el apoyo al controvertido proyecto de ley. Extraña forma de negociar.

Las desconcertantes estrategias políticas no son solo patrimonio del Poder Ejecutivo. En sus nexos con el parlamento busca alcanzar apoyo del megaproyecto de ley. En ese contexto se establecieron reuniones marginales. Primero fueron en el hotel Savoy, más tarde en un departamento particular al que llegaron legisladores de distintos bloques “amigables”. Algunos pegaron la vuelta apenas vieron los personajes presentes. Allí estaba, entre otros, el enigmático Federico Sturzenegger a quien se lo considera principal escriba de la propuesta.

Osvaldo Jaldo está pagando un precio altísimo a su miopía política que lo llevó a acompañar el dictamen del mega proyecto de ley tras ordenarle a sus diputados nacionales que lo acepten. Uno de ellos tenía la responsabilidad de firmarlo. Lo hizo sin siquiera saber de que se trataba como lo confesó en un reportaje radial. No fue el único.

Hay una denuncia penal en curso presentada en las últimas horas buscando saber si las firmas de los 55 diputados que le dieron mayoría al dictamen estaban en todas las hojas. No pocos aseguran que solo fue la última página la autografiada. La sospecha es que se continúan cambiando artículos del proyecto, algo que ya no se puede hacer al menos hasta que llegue al recinto el día mismo de la sesión en cualquiera de las dos Cámaras parlamentarias.

Todo es llamativamente muy desprolijo. Lo es tanto como el destrato a los gobernadores por parte del Poder Ejecutivo. No todas las provincias tienen mandatarios permeables como Tucumán. Desde Rio Negro, por ejemplo, responden a la amenaza de Javier Milei con mensajes en redes sociales oficiales asegurando: “Tendremos que defendernos, podemos dejar sin energía al gobierno nacional”. Una muestra de autonomía política que se puede replicar en varias provincias más.

Dolarizar es la meta final del gobierno. Milei lo quiere hacer cuanto antes y a cualquier costo. Por eso insiste en mantener un ajuste representado principalmente en una brutal caída en el poder adquisitivo de los asalariados y jubilados. Capturar los cuantiosos fondos de reserva de la clase pasiva es imperioso para ese objetivo, eso no se negocia. Semejante dureza oficial lleva a la oposición más amigable a no soldarse a semejante desguace dejando en dudas si el megaproyecto llegará finalmente a debatirse alguna vez en el recinto.

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