La Organización de las Naciones Unidas le envió una nota al Poder Ejecutivo nacional pidiéndole explicaciones acerca de un presunto "plan sistemático y estructural" de persecución a jueces y fiscales que no respondían a los interese de la Casa Rosada. Naciones Unidas recepcionó una denuncia presentada en su momento por la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS) al Relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas. En la misma se mencionó un extenso listado de anomalías graves en diferentes procesos judiciales y nombramientos de magistrados. Fueron tan contundente estos argumentos que el titular del organismo, el jurista peruano Diego García-Sayán, le envió una nota al gobierno actual dándole un plazo de 60 días para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones denunciadas.
