Tal como había anticipado el presidente Javier  Milei vetó la ley de reforma jubilatoria que sancionó el parlamento nacional. En la misma se planteaba un cambio en la fórmula de haberes jubilatorios estableciendo un aumento del 8,1% para los jubilados.  En un comunicado el gobierno nacional señala que la aplicación de esta ley significa un gasto adicional del 1,2% del PBI, considerando que es una determinación irresponsable, ilegal e inconstitucional.

En su ya característico estilo violento de comunicación la notificación oficial afirma que lo votado en diputados y senado nacional es una “estafa moral”, dando porcentajes no comprobables como que las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales en lo que va del año.