El Tribunal Oral de Mar del Plata condenó en un fallo unánime a penas de hasta 8 años y 3 meses de prisión a 16 personas acusadas del delito de defraudación contra la administración pública y ordenó el decomiso del inmueble donde funcionaba el estudio jurídico previsional desde donde se llevaron a cabo las maniobras y del dinero secuestrado en los procedimientos. Los abogados encargados del estudio fueron considerados jefes de una asociación ilícita. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 13 de marzo próximo.
Durante su alegato, el fiscal Czizik había marcado que el juicio permitió demostrar que la organización criminal presentaba a la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) declaraciones juradas rectificativas falsas, en las que se declaraban relaciones laborales inexistentes, como también “denuncias Z”, una herramienta de los y las trabajadores/as contra la parte empleadora por incumplimiento en aportes y contribuciones que nutren el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El fiscal explicó que de esa forma “simularon ante la ANSES el historial laboral de muchísimas personas, respecto a quienes se gestionaron beneficios previsionales, sobre la base de haberes inexistentes o por montos superiores a los reales”. También señaló que ello redundaba en mayores ganancias para el estudio previsional que compartían los cuatro principales acusados: Luis Miguel Iros, Roberto Balbuena, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez
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