Por Claudio Leveroni

La justicia no es igual para todos. Cierto, es una verdad de Perogrullo. Sin embargo, los ejemplos casi cotidianos que reafirman esta realidad deberían servirnos para elevar nuestra condición de ciudadanos indignados. Las cárceles están pobladas de internos sin recursos económicos que llevan años detenidos sin condena firme. Muchos de ellos, ciertamente, son inocentes. Con un poco de dinero y abogados propios seguirían el curso de sus causas en libertad. Pagan culpa por su condición socio económica.

Por estas horas la exsubdirectora de la AFI Silvia Majdalani, procesada de un delito gravísimo enmarcado en tareas de espionaje ilegal utilizando la estructura del Estado, está preparando sus valijas para vacacionar en su casa de Miami. Los integrantes de la Cámara Federal de Mar del Plata, contradiciendo al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla que es quien lleva adelante la causa penal, han autorizado su salida del país.

Majdalani debe retornar el 10 de febrero. Ramos Padilla le había negado el permiso de viajar a Estados Unidos en la última semana de diciembre en base a la gravedad de los cargos en su contra y a la necesidad de avanzar con celeridad en la pesquisa. Los jueces camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez minimizaron las argumentaciones de Padilla y le abrieron la puerta a Majdalani para salir del país.

Trazando comparaciones observamos también que no solo los pobres son ninguneados por fallos judiciales. También hay motivos ideológicos. En diciembre de 2017 el fallecido juez Bonadio le negó al ex canciller Héctor Timerman viajar a Estados Unidos para continuar un tratamiento contra el cáncer que sufría y finalmente le arrancó la vida. Timerman estaba procesado por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Un mes más tarde de la negación de Bonadío un juez subrogante lo autorizó. Cuando Timerman llegó a Ezeiza lo anoticiaron que Estados Unidos le había anulado la visa por estar procesado. Recién pudo realizar el viaje, tras una visa humanitaria, en marzo. Además de sufrir aquel tortuoso recorrido, Timerman perdió tres valiosos meses del tratamiento para una enfermedad que resultó ser terminal.

En una carta, enviada y publicada en el New York Times, Timerman escribió: “Impedirme recibir atención médica oportuna es como condenarme a muerte. La Constitución de la Argentina no permite la pena de muerte. Pero con un juez como este, eso es poca garantía”.

Majadalani, en cambio, podrá viajar y vacacionar en Miami. Tendrá la posibilidad de moverse con tanta libertad que hasta podría viajar desde Estados Unidos a un país que no tenga acuerdo de extradición de personas con Argentina. En menos de un mes sabremos si regresó para dar cuenta ante la justicia de sus actos como funcionaria del último gobierno.