Por Claudio Leveroni

Mientras pasea por el mundo, Mauricio Macri va dejando su acotada mirada de nuestra historia en la que señala, como si fuera un slogan de campaña anti argentina, lo que él entiende ha sido el fracaso del país en los últimos 70 años. La miopía de su visión no le deja ver que en buena parte de esas siete décadas su familia amasó una extraordinaria fortuna a la sombra de maniobras casi siempre sospechadas de fraudulentas.

En 1988 Macri tenía 29 años, era el representante de una de las más poderosas empresas de la Patria Contratista de aquel entonces, Sideco, una firma propiedad del grupo empresarial que encabezaba su `padre, Franco Macri.

El 30 de diciembre de aquel año Macri firmó con el intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, un Plan Cloacal con un costo inicial de 400 millones de dólares y con cuya financiación SIDECO llegaría a recibir U$S 1.000 millones. El contrato establecía que la Municipalidad debía pagar durante 22 años hasta el 20 por ciento de la totalidad del padrón de morosos ya que el convenio establecía que los vecinos quedaban como garantes y podían ser ejecutados si entraban en mora.

Ese plan cloacal nunca se puso en marcha. El convenio se cayó a los 70 días de haber sido firmado, debido a que no se respetaron las normas que regían las operaciones entre los sectores públicos y privado.

Esa licitación le costó a Rousselot primero la suspensión provisoria en el cargo, y después su destitución definitiva, al probarse una serie de ilícitos como consecuencia del informe que una Comisión Investigadora, presidida por el concejal Martín Sabbatella, dio a conocer a fines de los ’90.

Pocos años después de este hecho, en 1997, Macri fue denunciado junto a su padre por el delito de contrabando. El grupo familiar vendía autopartes hacia Uruguay y después de eso, vendía autos terminados para Argentina. Así se beneficiaban con un arancel diferencial en la transacción. Utilizaban una empresa fantasma llamada Opalsen S.A. que era controlada por Sevel en la Argentina.

Por estas maniobras los Macri quedaron procesados en 2001. La investigación había detectado exportaciones desde 1993 con vínculos establecidos entre Sevel Uruguay y otra empresa, Drago S.A. que también controlaba la familia Macri.

En el 2002, cuando la causa llegó en instancia de apelación a la Corte Suprema, los jueces que integraban el máximo tribunal reconocido como mayoría automática por su alineamiento al menemismo, votaron a favor de absolver a la familia Macri. Ellos fueron, Julio Nazareno, Eduardo Moline O’Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Roberto Vázquez. Votaron en disidencia Carlos Fayt, César Belluscio y Enrique Petracchi.

Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, la comisión de Juicio Político del Congreso acusó a los jueces por mal desempeño. Entre las causas por las que se inició el juicio político a los magistrados figuraba “el caso Macri”.

Todo lo actuado por esa corte fue tan grotesco que los jueces fueron renunciando uno a uno casi sin chistar. Así lo hizo Julio Nazareno primero, después siguieron las dimisiones de Guillermo López y de Adolfo Vázquez. Más tarde los juicios políticos abiertos en el Parlamento determinaron las destituciones de Eduardo Moliné O`Connor en 2003 y Antonio Boggiano en 2005.

Esa argentina del fracaso que menciona Macri, lo tuvo a él como protagonista central beneficiándose de la frustración general. La otra Argentina, la de etapas exitosas inscribe capítulos donde el poder de los empoderados fue jaqueado permitiendo mejorar la distribución de los ingresos y calidad de vida de quienes vivimos en esta región del planeta. Por supuesto que la derrota definitiva de los hacedores de las etapas del fracaso es aún una causa pendiente.