Desde siempre la idea de masificar el conocimiento atemoriza a los poderosos. Los instala en un escenario inseguro. Expandir la ignorancia, desde su concepto más primario como el analfabetismo, es un camino recurrente que utilizan los sectores dominantes. ¿Cómo se ha movilizado nuestro país a través de la educación?

A principios del siglo XVII, durante la gobernación de Hernando Arias de Saavedra, se establecieron las primeras escuelas en el actual territorio argentino. Por entonces concurrían a estos establecimientos unos 150 alumnos.

En 1605, Francisco de Vitoria solicitó a las autoridades de Buenos Aires, permiso para desempeñarse como maestro de escuela en la ciudad.  Demandó el pago de un peso para enseñar a leer y dos pesos por la enseñanza de escritura y aritmética.  La solicitud fue aprobada y Francisco de Vitoria se convirtió en el primer maestro de Buenos Aires.

Durante el siglo y medio siguiente las órdenes de franciscanos, dominicos y jesuitas fueron los encargados de conducir la educación primaria en las distintas regiones del futuro país.  Mientras tanto, surgían los primeros intentos estatales para ampliar la incipiente educación pública: los Cabildos fueron obligados a proveer con fondos públicos, de casas apropiadas a las escuelas y la admisión de un cierto número de alumnos, con certificado de pobreza expedido por el propio cabildo, a los que debía darse igual educación que a los demás. Se cobraban aranceles de un peso por mes para leer y dos pesos para leer, escribir y contar.

En 1783 se instaló en Buenos Aires el Real Colegio de San Carlos, origen del actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Después de la Revolución de Mayo aumentó considerablemente el interés por difundir la educación, hasta que en 1852, luego de la batalla de Caseros, se puso en marcha el tiempo de la organización de las instituciones.

El sistema educativo fue uno de los primeros engranajes de ese Estado en formación y a la vez un medio para su consolidación. El artículo 5 de la Constitución Nacional de 1853, estableció el derecho a educar y enseñar como una responsabilidad atribuida a los gobiernos provinciales: “cada provincia dictará para sí una constitución que asegure su educación primaria”.  Sin embargo, lo que ocurrió realmente fue que la falta de recursos provinciales llevó a que la Nación otorgara subvenciones para la construcción y mantenimiento de las escuelas.

Durante la presidencia de Sarmiento, que abarcó de 1868 a 1874, apareció un verdadero y definitivo impulso a la escuela estatal. Se fomentaron las llamadas escuelas normales de formación de maestras y llegaron al país docentes norteamericanas para aplicar el sistema educativo vigente en los EE.UU.

Una de ellas fue Serena Frances Wood, que había creado en Virginia, la primera escuela para los esclavos que acababan de ser liberados tras la guerra civil.  Woods fundó en Buenos Aires la escuela Número 1, cerca de Retiro. Murió un año después, víctima de la epidemia de fiebre amarilla.

La historia personal de una de las educadoras símbolo de la historia argentina, Rosario Vera Peñaloza, está ligada a la presencia en nuestro país, de estas docentes norteamericanas.  Rosarito que había nació en La Rioja en 1873, estudió en la escuela normal de su provincia bajo la dirección de Mary Graham, una de las maestras convocadas por Sarmiento, y se graduó como maestra en la Escuela Normal de Paraná.

La corrupción administrativa, que generaron muchos gobiernos provinciales, terminaba derivando los fondos, instituidos por Sarmiento en 1871, para otros fines. Algo que denunciaba el propio Sarmiento en una publicación llamada “El Monitor de la Educación” en 1881: Allí señalaba que “la señora Jacques, Directora del colegio de Niñas de Santiago del Estero, se negó a firmar un recibo de 130 pesos fuertes cuando sólo le estaban dando 65, y así lo declaró en el informe del Inspector general, a causa de lo cual fue depuesta y separada de la enseñanza.”

En 1877  el Consejo Escolar de la Catedral al Sur, estableció una Escuela Graduada de Niñas, la primera en su género de Buenos Aires. El crecimiento del número de docentes, en función de la multiplicación de los alumnos y los establecimientos aumentó significativamente. Entre 1874 y 1921 se graduaron 2.626 maestras y 504 maestros.

En 1881, durante la presidencia de Roca, se produjo la primera huelga docente en la Argentina.  Las maestras de la Escuela Graduada y Superior de San Luis, encabezadas por su directora, Enriqueta Lucero de Lallemant, llevaron adelante la medida de fuerza en reclamo por el atraso en el pago de sus sueldos y en contra de los recortes en los salarios de todos los empleados públicos que se venían aplicando desde 1874.  Ese año el presidente Avellaneda, decidió enfrentar la crisis económica rebajando los sueldos y despidiendo personal.

En las primeras décadas del siglo XX, la escuela abrió sus puertas a la mayoría de los niños que vivían en Argentina. La población escolar se duplicó, alcanzando prácticamente al 70% de los chicos de entre 6 y 13 años.

En 1910, José María Ramos Mejía, presidente del Consejo Nacional de Educación, planteó que las escuelas argentinas no cumplían su tarea de garantizar la integración de las masas inmigrantes a la cultura nacional. Propuso, entonces, un programa de acción para profundizar los contenidos patrióticos y nacionalistas, en el que primó una concepción de la identidad nacional homogeneizadora.

Este programa contribuyó al aumento del control por parte de la burocracia central del sistema educativo sobre el quehacer de maestros y alumnos en las aulas. Junto a esta tendencia, creció, también el influjo del estado nacional en los sistemas educativos provinciales mediante la puesta en marcha de la ley Láinez de 1905, por la cual la Nación pasó a dirigir un número creciente de escuelas en las provincias.

Eran años, estos de principio del siglo XX, en que los anarquistas atacaban al sistema educativo por considerarlo autoritario, basado en rígidas normas disciplinarias, fundamentadas en un sistema de premios y castigos.  Defendían a ultranza una educación basada en la libertad del niño, así como en el respeto a un espíritu crítico. En ese sentido impulsaron una educación alternativa basada en una metodología de enseñanza donde se combinaba el trabajo manual e intelectual.

A comienzos del siglo XX, el 35% de la población argentina era analfabeta mientras que en España lo era el 59%, en Italia, el 48% y en la mayoría de las naciones de América del Sur, entre el 60 y el 80%.  Asimismo, en 1935 la Argentina destinaba el 31% de su presupuesto nacional a la educación, período en el que Canadá invertía el 29%, Alemania, el 27%, Chile, el 17% e Italia, el 9%.

La Argentina fue uno de los países pioneros en la instauración de la escuela obligatoria y gratuita, y en el siglo XX alcanzó niveles de escolaridad primaria y secundaria muy elevados en el contexto latinoamericano. Después el país se distinguió por la calidad de su universidad pública, productora de intelectuales y científicos de relevancia internacional. Las escuelas argentinas contaban en sus aulas con maestros como Julio Cortazar

Durante la primera presidencia de Hipólito Irigoyen un movimiento universitario y estudiantil que se inició en Córdoba y se extendió a otras Universidades Nacionales reclamaba que profesores y alumnos tuvieran participación en el gobierno de las facultades. Además, pedían una modernización y actualización de metodología didácticas, profesores y planes de estudios, y se oponían a la injerencia eclesiástica en la conducción de la misma. Irigoyen apoyó la reforma y se llevó a cabo con éxito.

Los años treinta, marcados por la crisis económica mundial y el ascenso de los movimientos ideológicos totalitarios en Europa. Lo económico se resolvió más rápido, pero lo político, llegó para quedarse mucho más de lo pensado. Aparecieron entonces los sectores que intentaron reformar el modelo educativo en coincidencia con sus fines ideológicos.

Los nacionalistas y liberales, se enfrentaron con los sectores progresistas por el contenido de los planes educativos, los métodos pedagógicos y la formación docente. Pero, fueron los sectores nacionalistas quienes predominaron finalmente en la conducción de la educación. Estos grupos proponían una organización corporativa de la sociedad, se oponían a la democracia y creían que la solución a la crisis radicaba en un orden asentado en las instituciones tradicionales como el Ejército, la Iglesia, y la familia, y en una sociedad jerárquica.

El intento de promover una educación religiosa fue uno de los ejes de la política y de las luchas educativas en los años 30. La celebración del Congreso Eucarístico en 1934 en Buenos Aires, contribuyó a reposicionar a la Iglesia en la escena política nacional, en un contexto donde los grupos más conservadores proponían que el país regrese a las tradiciones hispánicas y jerárquicas de la sociedad colonial.

En 1935 se implementó una nueva reglamentación para el uso y selección de los libros de lectura y de texto. La intención de reglamentar y regularizar bajo nuevos parámetros la educación, se expresó también, en un proyecto para unificar las escuelas de todo el país bajo la autoridad del Consejo Nacional de Educación que, finalmente, no prosperó.

Esto produjo un quiebre en las políticas educativas, se atacaron las bases de la educación laica, se intervinieron las Universidades y el Consejo Nacional de Educación y se persiguió a maestros y profesores por sus posiciones políticas.

La aparición del peronismo significó un quiebre en la vida social, política y económica de la Argentina. Los trabajadores conquistaron sus derechos sociales y ocuparon el centro de la escena. En ese marco, el Gobierno le dio un nuevo significado al valor adjudicado a la infancia.

Bajo el lema “los únicos privilegiados son los niños” se dejaba implícita la idea que la justicia social había puesto fin a las desigualdades con un Estado otorgando atención preferencial a la infancia tanto en el plano material como en el simbólico.

También se expandió la matrícula educativa, se atendió la enseñanza técnica y los maestros participaron en su calidad de trabajadores del régimen peronista y usufructuaron de sus beneficios económicos y sociales.

La polémica educativa que se apoderó de los finales de la década del ‘50, se conoció como “laica o libre”.  En setiembre de 1958, los estudiantes reunieron más de 300 mil personas contra la decisión del presidente Arturo Frondizi de impulsar una nueva del de educación superior promovida por la iglesia católica que permitía a las universidades privadas, que en su gran mayoría estaban en manos de la curia, otorgar títulos oficiales. El proyecto fue finalmente aprobado en el Congreso, pese a la movilización multitudinaria de estudiantes universitarios.

La actividad de las agrupaciones, Centros y Federaciones comenzó a ser restringida en los hechos por distintas medidas de represión policial, y en el corazón de los claustros comienzan a operar disciplinadas bandas de grupos armados por sectores de la ultraderecha. Situación que es denunciada con acciones de nucleamientos reformistas, peronistas y de izquierda, que confluyen en un multitudinario acto de protesta en al Facultad de Medicina de la UBA, en 1962.

A fines de julio de 1966 la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía, decretó la intervención de las universidades nacionales. El 29 de julio la policía que reprime y expulsa a estudiantes y profesores que tenían tomada cinco universidades. Una jornada que quedó en la historia como “La Noche de los Bastones Largos”.

El primer resultado que dejó este proceso irracional, fue el éxodo de profesores e investigadores y la supresión de los organismos sindicales estudiantiles. El segundo fue un proceso de concientización y compromiso del estudiantado universitario que se observó el 29 de mayo de 1969, cuando obreros y estudiantes cordobeses y de otras provincias salieron unidos a las calles de Córdoba. Ante la magnitud de la movilización; Onganía ordenó que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la represión. El cordobazo dejó como saldo decenas de heridos y 16 muertos, algunos ajenos a la manifestación.

Bajo la presidencia de Héctor Cámpora primero y Juan Domingo Perón, Jorge Alberto Taiana fue ministro de Educación. Fue quien puso en marcha un conjunto de propuestas inspiradas en la pedagogía de la liberación de Pablo Freire y en las corrientes del nacionalismo popular que se habían desarrollado en la década de los sesenta, con el aporte de intelectuales populares como Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui, Jauretche y Rodolfo Puigrós, entre otros.

En 1974, tras la muerte del Presidente Perón y la asunción de María Estela Martinez, Taiana fue reemplazado por Oscar Ivanisevich modificando la orientación iniciada en mayo del ’73

El golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, asume como necesaria realizar una tarea de limpieza ideológica en los claustros educativos. La dictadura contó con ideólogos que apostaron a la privatización de la educación pública. Pero, el objetivo mayor hizo foco en la transferencia de los servicios educativos a las provincias y municipalidades, y en las tareas de limpieza de las “ideas marxistas y peronistas”, buscando “restaurar valores occidentales y cristiano”.

Ricardo Bruera fue el primer ministro de Educación de la Dictadura Militar. A mediados del ’77, la Junta Militar le reprochó a Bruera que la educación no tuviera un mayor compromiso ideológico con la lucha antisubversiva. Lo sucedió Juan José Catalán que se planteó de manera explícita llevar la lucha antisubversiva a todos los planos de la cultura y la educación.

El nuevo ministro difundió un documento titulado “Subversión en el ámbito educativo” que fue distribuido en los establecimientos educacionales por resolución ministerial. El folleto le explicaba a los educadores como detectar un docente subversivo.

El ministro Juan José Catalán era el hombre más afín a la estrategia represiva de las Fuerzas Armadas pero para los intereses educativos de la Iglesia, era mas adecuado un hombre de sus propias filas. Así llego al Ministerio de Educación, Juan Llerena Amadeo, referenciado en la derecha católica.  Fue el Ministro que con más fuerza impulsó la privatización de la educación, el debilitamiento del carácter público de la educación y simultáneamente definía el papel estratégico de la Iglesia y la Familia en la educación argentina.

Los restantes Ministros de Educación de la Dictadura Militar, Burundarena y Liciardo, no agregaron novedades a las direcciones que ya se habían definido.

Recuperada la democracia Raúl Alfonsín debió lidiar con una tarea primaria en nuestra sociedad, la reconstrucción de los valores democráticos que fueron masacrados durante los años de dictadura. Una frase emblema lanzó en aquellos años al señalar que “con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”

Posiblemente, el hecho más importante ligado a la educación, que generó el regreso de la democracia en tiempos de Alfonsín, fue el Segundo Congreso Pedagógico Nacional, cuya fase final se desarrolló en la ciudad de Embalse, Córdoba, del 27 de febrero al 6 de marzo de 1988.

La organización de las escuelas privadas, frente a la participación inconexa y mayoritaria de los sectores que representaban a la opinión pública, fue una de las postales más importantes que dejó el gigantesco encuentro.

Durante los años de Menem se aprobó de la Ley de Reforma del Estado y la de Emergencia Económica en 1989. Ley madre de las privatizaciones y, naturalmente, sería determinante para los cambios que en materia educativa se darían en el país en los próximos años planteando la modificación del rol del Estado en la cosa pública. Hubo disminución de la responsabilidad del Estado como financiador y proveedor de la educación pública y se transfirieron establecimientos de la Nación a jurisdicciones menores como provincias  y Municipalidades.

El gobierno de Fernando de la Rua tuvo tres ministros de educación. El primero fue Juan Llach que había sido jefe de asesores del presidente Carlos Menem y uno de los diseñadores del plan de convertibilidad El segundo fue Hugo Juri, que renunció cuando Ricardo López Murphy, anunció nuevas medidas de ajuste económico que incluían un severo recorte al presupuesto universitario El tercer ministro de educación de la Alianza fue Andrés Delich quien continuo en la cartera hasta la caída de quien había sido predestinado, por Domingo Cavallo, como el nuevo Sarmiento.

Cuando Daniel Filmus asumió como Ministro de educación en 2003, señaló que “ Hay tres grandes males de la Educación argentina: “No se cumple con la escolaridad obligatoria; los que están en las aulas aprenden menos de lo deseado y la desigualdad es enorme: un alumno de Buenos Aires egresa sabiendo el 50% más que un chico de otras regiones del país”.

La Ley de Financiamiento Educativo creada durante gobierno de Néstor Kirchner en 2006 proponía aumentar la inversión del gobierno Nacional en educación hasta llegar al seis por ciento del PBI. Algo que se logró durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en 2010, y que se perdió durante el macrismo. La Ley también daba legitimidad a la paritaria docente que fue suspendida por DNU en 2018, y retomada, también por decreto, en enero de 2020 por la gestión de Alberto Fernández.

En 2014 Cristina Fernández impulsó el programa Progresar lanzando para asistir a jóvenes de entre 18 y 24 años que no trabajan ni estudian para que inicien o retomen sus estudios otorgándole una beca de 600 pesos. Al año siguiente se amplió a 65.000 becarios universitarios que recibían becas por 900 pesos mensuales.

Esta semana el Ministerio de Educación nacional abrió la Primera Convocatoria 2023 para la inscripción al Programa Progresar en el que el gobierno nacional invertirá 143.000 millones de pesos en el otorgamiento de becas educativas y la puesta en marcha de acciones integradas en todo el territorio nacional.

El monto mensual del plan es de 9.000 pesos. Los beneficiarios cobran el 80% de la beca durante la cursada y el 20% restante al certificar regularidad durante el año o curso. Los estudiantes avanzados de nivel superior (terciario o universitario) cobran el 100% del monto.

En la historia Argentina la educación es un capítulo que aún no ha terminado de escribirse. Quizás, por la propia movilidad que tienen los hechos en su evolución, nunca termine de hacerlo. Es posible que sea así. Lo que no debe quedar inconcluso es el camino hacia el derecho definitivo de todos los argentinos a ingresar al enriquecedor mundo del conocimiento.