Los principales acreedores de la agroindustrial Vicentin dieron señales positivas en relación a la recuperación estatal, a través de una intervención, anunciada por el presidente Fernandez. El grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales expresó este martes en un comunicado “su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales” para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, y consideró que ello “contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía”. Este grupo de acreedores negocian la posibilidad de recuperar 500 millones de dólares, sobre un total de 1.350 millones de esa moneda que es la deuda total que tiene la empresa intervenida por el gobierno antes de su colapso con una inminente quiebra.

El grupo de instituciones internacionales que conforman de la firma agroindustrial Vicentin se pronunciaron por primera vez públicamente luego de que el Gobierno anunciara la intervención y posible expropiación de la compañía.

Este Comité de acreedores está formado por seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole. La deuda de Vicentín se divide en unos US$ 1.000 millones con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El gobierno de Mauricio Macri le entregó en diciembre pasado, pocos días antes que el Grupo anunciara stress financiero, es decir imposibilidad de pago a proveedores y acreedores, 18 mil millones de pesos a través del Banco Nación con un crédito a sola firma. Vicentín no solo recibió ese beneficio, transformado en estos días en una causa judicial penal, del Banco Nación conducido por González Fraga. También recurrió a beber de otras tetas del Estado, el Banco Provincia le prestó 1.600 millones de pesos.