¿Qué plantea la Ley de Abastecimiento (20.680) que invocó el presidente Alberto Fernández al advertir sobre la “nefasta actitud de acaparar bienes tratando de especular con mejores precios”?

Haciendo un poco de historia es importante destacar que la ley fue sancionada en junio de 1974 bajo la presidencia de Juan Domingo Perón. Fue una herramienta que se puso a disposición del Poder Ejecutivo para controlar la voracidad desleal de productores y empresarios en años en que comenzaban a sentirse los primeros efectos de una severa inflación.

La ley casi nunca se aplicó y tuvo varias modificaciones, la última fue realizada en 2014 (26.991) excluyendo del alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas siempre y cuando no tengan posición dominante en un mercado. En su versión original preveía penas de cárcel que fueron eliminadas en la reforma la eliminó fijando multas, decomiso de mercadería, cierre, clausuras, suspensión de dos años para ejercer comercio, y de 5 años para ser proveedor del Estado, entre otras penalidades.

La ley le permite al Gobierno establecer precios mínimos, máximos o márgenes de utilidad para cualquier etapa del proceso económico. Le permite a la autoridad nacional asegurar el abastecimiento e intervenir temporariamente explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras, establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte hasta 180 días.

En agosto del año pasado el Gobierno que por entonces conducía Mauricio Macri también amenazó aplicarla para poder fijar el precio de los combustibles por 90 días.