Un detallado informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral da cuenta de la magnitud y hacia donde enfocó las acciones del gobierno durante el año que se mantuvo la Ley de Bases dándole atribuciones especiales al Poder Ejecutivo para avanzar con reformas que terminaron siendo la eliminación o desjerarquización de organismos estatales con profunda llegada social.
En ese año, que fue desde el 8 de julio de 2024 hasta esta semana, el gobierno realizó 88 actos administrativos amparados en la delegación de facultades. El promedio da 1 cada 3 días hábiles, pero en realidad la mitad de ellas fueron presentadas en los últimos tres meses. Más del 50% de las normas estuvieron orientadas a intervenir, transformar, o eliminar organismos públicos, mientras que una de cada cinco implican desregulaciones, un 11% determinan la disolución de fondos fiduciarios y un 9% refieren a privatizaciones.
Entre los organismos públicos que se disolvieron estuvieron, la Dirección Nacional de Vialidad; Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; Agencia Nacional de Seguridad Vial; Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Índigena; Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento y el Instituto Nacional de Medicina Tropical.
Otros organismos fueron degradados de su jerarquía original perdiendo autonomía. Allí estuvieron el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de tecnología Industrial (INTI); el Instituto Nacional contra el Cáncer; el Archivo Nacional de la Memoria; el Museo ESMA; el Banco Nacional de Datos Genéticos; el Instituto Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Disolvieron 16 fondos fiduciarios, la mayoría estaban orientados a financiar obras de infraestructura y viviendas de sectores populares. Entre ellos el Procrear; el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (FFVS); y el Fondo para la Integración Sociourbana (FISU). También se desmantelaron fondos de apoyo y promoción a la industria, como el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), así como para el desarrollo federal de infraestructura y conectividad, como lo eran el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU).
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