La voracidad del gobierno porteño por los negocios inmobiliarios parece no encontrar límites por estas horas. Pese al amplio triunfo obtenido en las últimas elecciones, alcanzando el 55% de los votos emitidos, desde el 10 de diciembre próximo ya no contará con los dos tercios  (40 votos) que son necesarios en la Legislatura Porteña para aprobar determinadas leyes como aquellas relacionadas con la venta de propiedades o predios que son parte de su patrimonio, o la rezonificación y desafectación del uso de utilidad pública de predios propios. Hace pocos días dábamos cuenta del envío de un proyecto de ley que Larreta mandó al parlamento local solicitando la autorización para vender 60 propiedades, mayormente inmuebles que la ciudad recibió en los últimos años por donaciones o herencias vacantes.

Ahora, hizo un nuevo pedido incorporando otro lote de 31 propiedades que ingresó esta semana a la Legislatura. La liquidación de bienes pùblicos no se detiene ahí. Este martes los pasillos del palacio Ayerza se estremecieron ante el ingreso de un proyecto que plantea la desafectación de uso y utilidad pública para seis polígonos en una de las zonas mejor cotizadas de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la franja delimitada por las calles Cavia, Chonino, Av. Casares y Av. Presidente Figueroa Alcorta. En dicho predio se emplaza el denominado “Cuartel de la Policía Montada”, conjunto edilicio que fue construido en 1941, para el que se propone su catalogación con Nivel de Protección Cautelar, y su rehabilitación como equipamiento comercial y de servicios, en tanto que se prevé la localización de nuevas edificaciones, sobre el sector cercano a la calle Chonino. En esta zona se podrán construir torres hasta un máximo de 150 metros de altura.

El proyecto plantea la refuncionalización del predio previendo un sector patrimonial que tendrá “el tratamiento arquitectónico, que permita articular actividades recreativas, culturales y comerciales, promoviendo el uso público del sector y la animación urbana del entorno. En tanto que la propuesta para las nuevas edificaciones incluye el uso residencial y de servicios de apoyo a la vivienda”.  Según pudo averiguar CP la propuesta debe aún pasar por el tamiz interno dentro del bloque oficialista (Vamos Juntos) ya que existen ciertos actores que no lo ven con buenos ojos. La oposición, por su parte, prepara una batería de denuncias. El proyecto debe pasar por, al menos, dos comisiones. Resulta difícil imaginar que se pueda lograr con éxito en tan solo dos semanas que quedan de trabajo parlamentario antes del recambio legislativo.