Ratificando las políticas de mano dura contra personal con tareas en el Estado, el gobierno nacional continúa con la ola de despidos masivos en distintas áreas. Trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que depende de la Jefatura de Gabinete, están denunciando que, tras el despido de 330 empleados de este sector, el organismo se encuentra paralizado destacando que quienes fueron expulsados representan el 25% del personal, que eran 1.300 en todo el país.

Esta realidad que describen los trabajadores de Andis está provocando un freno en la asignación de más de 60 mil pensiones y también en la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).  “En total hubo 330 compañeros despedidos en dos tandas”, declaró ante Somos Télam Ramiro Unamuno, uno de los delegados de los trabajadores en este organismo.

La diputada nacional Natalia De la Sota, del Bloque Córdoba Federal, presentó un pedido de informes en la Cámara baja pidiendo explicaciones por el destrato no solo a los trabajadores de Andis, también a personas con discapacidad que están “en absoluto desamparo frente al desmantelamiento” de este organismo que fue creado en 2017. La legisladora señala que hay un “desguace de las sedes en el interior”, sumado a “políticas públicas y trámites paralizados que vulneran compromisos asumidos por el Estado argentino”.