Con parsimonia novelesca la oposición política y mediática al gobierno nacional va escribiendo una trama en torno al avión venezolano que aterrizó en Ezeiza, que se agiganta bajo la falta de una explicación oficial contundente y el manejo judicial que arroja estelas de sospechas que nutren versiones de diverso calibre.

La nave en cuestión fue adquirida por Venezuela a través de un sistema leasing (habitual en este tipo de operaciones) a una compañía de Irán. Al ser un avión de carga se encuentra en ruta en forma constante y para adaptar su manejo a la nueva tripulación venezolana, durante un período determinado está siendo acompañada por pilotos y técnicos iraníes.

Dos situaciones particulares sucedieron en los últimos días. Según declararon sus pilotos debieron sortear varios aeropuertos en busca de combustible y la niebla del fin de semana los terminó derivando de Córdoba a Ezeiza donde descargó material para la empresa Volkswagen.

En el año 2007 la empresa iraní que le vendió el avión a Venezuela fue declarada como parte de un grupo terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Esto sumó advertencias locales que derivaron en una investigación judicial una vez que la nave piso suelo argentino reteniendo los pasaportes de sus integrantes (alojados en un hotel en Buenos Aires) a la espera de averiguaciones.

Atentos a esta situación tanto medios como políticos opositores buscan sacar rédito del tema asociando versiones antojadizas que se suman a un juez que entiende en la causa con muchas conexiones políticas, que decretó el secreto de sumario en la investigación.

Este martes el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó un allanamiento en el hotel de la localidad bonaerense de Canning donde se aloja la tripulación del avión.

Los efectivos ingresaron al establecimiento con orden judicial en busca de elementos de interés para la pesquisa, como computadoras personales o “pendrives”, que podrían estar en posesión de los 19 tripulantes de la aeronave.

Mientras se realizaba la requisa, todos los tripulantes del avión aguardaron fuera de sus habitaciones, precisaron las fuentes.

El secreto de sumario se impuso a pedido de la fiscal del caso Cecilia Incardona, quien el lunes impulsó la investigación y pidió medidas de prueba para determinar si alguno de los tripulantes del avión de la empresa Emtrasur tiene vínculos con el terrorismo internacional.

El juez Villena ordenó que la Dirección Nacional de Migraciones retenga, al menos por otras 72 horas, los pasaportes de los cinco ciudadanos iraníes que conformaban la tripulación del avión.