Se trata de una primera lectura de tres proyectos polémicos de excepción presentados por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para facilitar mayor rentabilidad a desarrolladores inmobiliarios al otorgarle más altura en las torres que planifican construir.

El oficialismo logró imponer su mayoría para las tres propuestas. Todas lograron más de los 31 votos necesarios sobre los 60 emitidos (asistencia perfecta). Ahora, se llamará a una audiencia pública para que distintos sectores de la sociedad se expresen. Finalmente, los legisladores se reunirán en otra sesión para debatir los convenios en una segunda lectura.

Originalmente eran cuatro las excepciones, antes del inicio del debate el diputado Diego García Vilas (Vamos Juntos) retiró, para reservarlo a una futura sesión, el Convenio celebrado con privados para otorgar alturas especiales (40 pisos) para torres a construir en Puerto Madero.

Fue Victoria Roldán Méndez (Vamos Juntos) quien oficio de miembro informante de los tres proyectos leyendo un discurso en el que justificó las excepciones en beneficios económicos que recibe la administración local y la propuesta de concluir con una ciudad que ha crecido de espaldas al río.

La lista de opositores se inició con la exposición de la zamorista Marta Martinez (Autodeterminación y Libertad) quien definió como un de fraude a la sociedad los proyectos. Sobre las excepciones en Villa Crespo señaló que se lo hace a espaldas de la sociedad como ya se hizo con la construcción del estadio construido a un lado del club Atlanta. Alejandrina Barry (Frente de izquierda) definió al proyecto de Costa Salguero como un Puerto Madero dos reservado para menos del uno por ciento de la población.

Sergio Abrevaya (GEN) adelantó su voto en contra de los tres proyectos señalando que se trata de la promoción de viviendas exclusivas. Afirmó que con esta tendencia la Ciudad expulsa a sus vecinos. Señaló datos, como el crecimiento del 22 %al 35% los inquilinos, que indican que las normas urbanísticas que se van estableciendo encarecen el valor de la tierra y de las propiedades haciendo inaccesible para la mayoría de los habitantes acceder a una propiedad.

El peronista Javier Andrade (Frente de Todos) afirmó que se puso en movimiento la inmobiliaria Larreta, asegurando que en algunos de estos tres casos se está cerca de una estafa. Se preguntó donde quedó el planteo que hizo el gobierno cuando “hace dos años discutimos la actualización del código urbanístico. Ahí el oficialismo dijo ´se acabaron las torres en la ciudad´”. 

Filoso, como es su habitual presentación en discursos en el recinto,  Gabriel Solano (Frente de Izquierda) se refirió a una sesión “bochornosa” porque se va a entregar a manos privadas parte de la costa del río. Solano resalto que no hay dudas, “queda claro para quien gobiernan, para capitalistas del juego, desarrolladores inmobiliarios”, y llamó a movilizarse para que no se termine de consumar la entrega de una franja costera a un grupo de capitalistas.

Matías Barroetaveña (Frente de Todos) se preguntó, ¿Qué interés públicos puede existir en estos proyectos inmobiliarios?, para remarcar que los convenios urbanísticos están concebidos para desarrollar zonas depreciadas, no en lugares como Palermo, Puerto Madero o Villa Crespo. También remarcó falencias técnicas en los tres proyectos, destacó que “la Universidad de Buenos Aires no avaló este concurso como señalaron desde el oficialismo”.

El oficialista Martín Ocampo (UCR-Evolución) habló de conjugar el interés público con el privado como el marco conceptual de lo que se está votando con estos proyectos. “El Estado debe pensar y actuar para el bien común”, definió Ocampo para explicar la importancia distributiva de los ingresos que se obtienen por estos convenios. Fundamentó la necesidad de buscar recursos después que a la ciudad “le manotearon” recursos desde el gobierno nacional.

Lo más destacado en el discurso de Ocampo se pudo leer entre líneas. Fue cuando reiteró, en varias ocasiones, que su bloque escuchará lo que diga la ciudadanía en la audiencia pública que se debe dar antes de una segunda y definitiva lectura de los proyectos. Sorpresivamente es la misma posición que asumió al hablar Diego García Vilas, quién aclaró lo hacía en nombre de los diputados de su partido Confianza Pública (integran el bloque oficialista). Estos dos comentarios, el de Ocampo y el de García Vilas, podría entenderse como un probable realineamiento de los intereses que sostiene la fortaleza de los convenios en debate. Vilas agregó otro dato más y puntual  en relación al de Costa Salguero, al señalar que se espera aún definiciones sobre el cono de aeroparque. Es decir, un tema de seguridad relacionado al movimiento de aeronaves.

El cierre del debate en voz de quien lo abrió, Victoria Roldan Méndez, amalgamó la idea que la discusión puertas adentro del oficialismo porteño presenta aristas distintas que ponen en duda la continuidad de estos proyectos. Posiblemente, la movilización de la ciudadanía podría ser determinante para dar marcha atrás con los polémicos convenios.