Por Claudio Leveroni

La Auditoría General de la Nación se tomó su tiempo. Finalmente entregó esta semana un informe lapidario sobre la responsabilidad, bajo sospecha de maniobras fraudulentas, que utilizó el gobierno de Mauricio Macri para volver a endeudar al país con el FMI.

El acuerdo stand-by se firmó en junio de 2018 por casi u$s57.000 millones. Según detalla el pormenorizado dictamen de 200 páginas el monto representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de la Argentina. Se trato del préstamo más grande en la historia de nuestro país y también del Fondo.

Entre las irregularidades encontradas se detalla sobre varios puntos que sobresalen por lo burdo. Acaso el más llamativo es que no se encontró el documento original del préstamo. También se da cuenta que semejante compromiso se hizo sin cumplir las normativas vigentes de argentinas, como la que indica que estos procedimientos deben pasar por el tamiz del Congreso Nacional ni tampoco. Tampoco participó la Jefatura de Gabinete, que por ley nacional es jefe de administración pública.

No intervino el Banco Central, organismo que debía emitir un dictamen respecto al impacto de la operación en la balanza de pagos. Tomar semejante volumen de dinero impactó negativamente en la cotización de los bonos argentinos que conforman parte de su deuda. Los depreció en su valor, como era lógico imaginar. El acuerdo fue firmado por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública.

¿Qué se hizo con ese dinero? Casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros. Es decir, se fugaron aumentando el riesgo de insostenibilidad. El 71%, equivalentes a 27.732 millones de dólares, fueron utilizados para cancelar servicios de deuda emitida entre 2016 y 2019 durante el mismo gobierno de Mauricio Macri.

Un verdadero escándalo, acaso sea el más grosero defalco de la historia argentina por volumen de dinero y por la estatura institucional de los involucrados. En tren de comparar, dilapidaron un monto superior a la deuda externa que dejó la última dictadura cívico militar en 1983. ¿Tomamos dimensión de esto?

Esa deuda es la principal responsable de los actuales padecimientos económicos del país. Un pasamanos millonario de dinero que pasó del FMI a las voluptuosas cuentas bancarias de privados. No hay, ni siquiera un puente construido por esa deuda que se tomó en nombre de todos los argentinos. No se hizo nada. Miles de millones de dólares que se fueron por una miserable canaleta de voracidad de un grupo de personas que asaltaron el poder, engañando la voluntad de aquellos argentinos que, a través del voto, los pusieron a gobernar.

La Auditoría General de la Nación no es un organismo del oficialismo. Lo timonean dirigentes de la oposición. Tiene como titular desde el 2020 a un radical de Juntos por el Cambio, Jesús Rodríguez.

El informe que presentó tardíamente esta semana será enviado a una jueza federal poco confiable de imparcialidad, María Eugenia Capuchetti. Ella es quien tiene a cargo la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger (ex titular del BCRA). Los cuatro acusados por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta en la contratación del crédito con el FMI y el posterior desvío de esos recursos obtenidos.