Apurado por las particulares circunstancias que rodean el caso la Corte Suprema de Justicia este lunes aceptó su competencia originaria en el cuestionamiento judicial presentado por el gobierno porteño contra la suspensión de clases presenciales por dos semanas que está vigente por el último DNU presidencial.
El máximo tribunal corrió traslado al gobierno nacional para que conteste y aporte pruebas en un plazo de cinco días, aunque se estima que lo hará antes de ese período. Votaron positivamente esa resolución Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti, en tanto Elena Highton de Nolasco se expresó en disidencia considerando que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria” del tribunal.
