La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) rechazó el “protocolo para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes, anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y adelantó que pedirá la “derogación por vía judicial”.

Para el organismo, el protocolo “es una remake recargada del que presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri, y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal”. Desde la APDH se analizó que “la norma contraría totalmente nuestro ordenamiento jurídico y abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales encargadas de implementarlo reprimiendo a quienes participen de marchas y movilizaciones callejeras”.

Desde APDH, se evaluó que “el Estado, en todos sus estamentos, debe garantizar el respeto a los derechos a disentir y a reclamar” y se apuntó que “la fuerza pública debe utilizarse para que no se impida el ejercicio de esos derechos, jamás para reprimirlo