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Insólito traslado a Ezeiza de las mujeres mapuches detenidas

Una ola de críticas está recibiendo la jueza federal subrogante Silvina Domínguez tras ordenar el traslado desde Río Negro a un penal de Ezeiza de cuatro mujeres mapuches, encarceladas tras un desalojo ordenado por la justicia en Villa Mascardi. La insólita determinación es observada con preocupación entre organismos de derechos humanos, ya que no tiene ninguna lógica ordenar el traslado de las mujeres a un penal de Ezeiza, a 1600 kilómetros de su lugar de residencia.

Las detenidas trasladadas a Buenos Aires, bajo el argumento que no existe en Río Negro ningún establecimiento federal para mujeres, son Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera.

Son siete mujeres imputadas por la justicia federal en una causa caratulada como “Incendio u Otro Estrago, Atentado contra la Autoridad y Usurpación”, tras el operativo de desalojo realizado el martes último por el comando unificado de fuerzas federales, con el despliegue en las inmediaciones de la ruta 40 de unos 250 efectivos.

El expediente se abrió -con intervención de la fiscal Cándida Etchepare- a partir de la denuncia de nueve lotes usurpados en la zona de Villa Mascardi, uno de ellos perteneciente a Parques Nacionales y los demás, a particulares.

En relación a la forma en que se llevó adelante el desalojo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió la actuación de las fuerzas federales, explicó que el operativo había sido preparado varios días antes, sin uso de “armas letales” y reafirmó: “Es la justicia la que decide, no soy yo”.

Fernández consideró que a su cartera, a partir de ahora, “le toca otro tipo de tareas”, conforme a “lo que vaya indicando la jueza”, y opinó que “las expresiones positivas que ahora se vierten” hacia las personas presuntamente involucradas en las ocupaciones no condicen con “lo que venía sucediendo el último tiempo”.

“Han incendiado un montón de casas, tomaron campos y agredieron gente. Nos quemaron una casilla de la Gendarmería. Vengo insistiendo en que en la provincia se arme una mesa para que se hable con esta gente, negociando cosas de otro color pero que no sea bajo la presión de agravios, insultos o fuerza bruta”, declaró el ministro.

Desde el colectivo Justicia Legítima -que agrupa a jueces, fiscales y trabajadores judiciales- exigieron la reapertura de una mesa del diálogo y cuestionaron las detenciones, en particular el traslado de las cuatro mujeres desde Bariloche a Ezeiza, a 1600 kilómetros de donde viven.

En el mismo sentido se pronunciaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la asociación Actrices Argentinas, al igual que dos espacios sociales y políticos que integran el Frente de Todos, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y el Frente Patria Grande.

“Expresamos nuestra solidaridad con el Pueblo hermano Mapuche y repudiamos la represión desatada contra la comunidad Lafken Winkul en Lago Mascardi, Río Negro”, expresó a través de un comunicado el colectivo Justicia Legítima.

También, el abogado y director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Diego Morales, consideró como un “destrato” que cuatro mujeres hayan sido trasladadas a 1.600 kilómetros de su lugar de pertenencia.

Para el referente del CELS, la decisión judicial es una “medida extremadamente violenta” y está vinculada con “su calidad de mujeres y su identidad cultural, (es decir) ser mapuche”.

De igual manera, el Instituto de políticas sobre delitos, seguridad y violencias ‘En Foco’, que dirige Sabina Frederic, alertó: “Vemos con preocupación el accionar judicial que decretó el secreto de sumario impidiendo el derecho a la defensa y, con ello, el acceso a la información sobre el estado de salud de las detenidas”.

Por otra parte, dos de las siete mujeres arrestadas no fueron trasladadas a Buenos Aires y permanecían alojadas en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Bariloche porque son mamás de bebés de pocos meses. En tanto, otra joven de la comunidad indígena, en avanzado estado de embarazo, fue internada en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

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