Tras conocerse que el grupo holandés Rowing S.A. presentó la mejor oferta para quedarse con la proveedora estatal de agua potable comenzaron a surgir serias denuncias desde distintos sectores. El monto ofrecido para la adquisición de acciones de AySA fue de 340 millones de dólares, muy por debajo de lo que esperaba el gobierno.
El titular de la bancada Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, reafirmó la oposición de su sector a esta privatización definiendo como un «escándalo» el actual proceso que establece la transferencia de AySA por 30 años.
«Corrieron al Tribunal de Tasación. Declararon ‘secreta’ la tasación ilegal del BICE. Y vendieron AYSA a un 30% de lo que Bausili perdió timbeando con el oro del Banco Central«, afirmó el diputado peronista resaltando que desde su espacio recurrirán a la justicia. «Seguiremos insistiendo. Hasta que el agua de los argentinos esté en manos argentinas», señaló.
En la misma dirección se enfocó la diputada (UxP) Julia Strada informando que junto a otros legisladores ya se presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. «Si el peronismo gana en 2027, hay que revisar todas las privatizaciones que están haciendo», adelantó. Lo hizo resaltando que es un proceso que está plagado de irregularidades respecto de la propia Ley Bases y abarca, además de AySA, a Transener, hidroeléctrica, Intercargo, Atucha y trenes.
