Un gobierno democrático debe representar la soberanía popular. Su esencia se sostiene sobre ese concepto. La población elige un gobierno a través de elecciones regulares y libres, para que lo represente y defienda sus intereses. La acción de un gobierno democrático debe está atravesada por una dinámica electoral recurrente que ratifique o modifique rumbos.

Es la voz del pueblo quién cada dos años da veredictos. En este contexto la elección para renovar los parlamentos es determinante. Sus cambios reflejan tendencias que afectarán las conductas sociales. La usina donde se debaten y promulgan leyes en muchas ocasiones es para acompañar cambios sociales y culturales de época que los legisladores deben asimilar y transformarlas en una normativa de convivencia cotidiana.

Las leyes regulan nuestra convivencia en sociedad. Establecen derechos y obligaciones y marcan conductas a seguir. En los 40 años ininterrumpidos que Argentina lleva de democracia hubo leyes de extraordinaria trascendencia. La primera durante ese período fue la derogación del decreto de Autoamnistía que los militares habían dictado sobre sí mismos antes de ser expulsados de la administración nacional que usurparon, en complicidad con sectores civiles, en 1976.

Aquella ley pionera entre las más destacadas del Parlamento nacional, tras la restitución de la democracia en 1983, permitió el Juicio a las Juntas y la posterior sentencia a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua. También condenar a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años y a Orlando Ramón Agosti a 4 años. Otra ley significativa sancionada en los primeros meses de la democracia recuperada fue el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que vino a ponerle fin al conflicto con Chile por el Canal del Beagle.

En estas cuatro décadas el parlamento nacional aprobó leyes de extraordinaria repercusión social, como la ley de divorcio vincular en 1987; la ley Nacional de Educación en 2006; La ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en 2009; de matrimonio igualitario en 2010; de Identidad de Género en 2012; de fertilización asistida en 2013; la asignación universal por hijo en 2015; y la interrupción voluntaria del embarazo en 2020.

También hubo en este período de cuatro décadas leyes que dejaron cicatrices dolorosas para el país como la del punto final en 1986; o la reforma del estado de 1989 que dio paso a una brutal ola de privatizaciones y achicamiento del estado con la entrega de empresas emblemáticas como YPF.

Pero, también es cierto que fue el parlamento con otros vientos políticos soplando por Argentina, quien derogó esas leyes posibilitando continuar con los juicios a genocidas y recuperando empresas como Aerolíneas Argentinas, YPF o Ferrocarriles.

Las cuatro décadas de democracia en el país mantienen aún un talón de Aquiles que, acaso, nos permite entender y visualizar la existencia de un poder real que opera entre las sombras por detrás de dictaduras y también de gobiernos democráticos.

La dictadura sancionó, entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983, más de dos mil decretos a los que por colonialismo cultural llamamos “leyes”. De ese total 469 aún siguen vigentes. Sobresale por encima de todas la Ley de Entidades Financieras impuesta por Martínez de Hoz, con la que los bancos del “poder real” siguen defendiendo su patria financiera. También sobreviven la Ley de inversiones extranjeras, la Ley de expropiaciones y el Régimen Penal de Minoridad.

Las Fuerzas Armadas crearon, tras su asalto al poder constitucional, un falso parlamento. Reemplazaron a diputados y senadores por un miembro por Ejército, otro de la Armada y uno por la Fuerza Aérea. Así crearon la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Tres tipos de uniforme a los que nadie votó, jugaban a ser los cerebros mágicos de la década del ’70.

Pasaron 40 años y 469 de estos decretos, transformados de hecho en leyes, siguen vigente defendiendo intereses sectoriales. Pocas veces se escucharon discusiones parciales sobre estos temas. En gran medida esto también sucede con la complicidad de los dueños de los principales medios de comunicación. Haciendo algo de historia relacionada con las llamadas leyes que nunca pasaron por un parlamento, nos anclamos en 1966. Año en el que sucedió el tercer golpe cívico militar en nuestro país. El dictador Juan Carlos Onganía derrocó al gobierno de Arturo Illia y declaró su intención de permanecer indefinidamente en el poder.

Las ínfulas de Onganía sobrepasaron todos los límites. Se animó a derogar la Constitución Nacional. Proclamó un escrito propio sobre el que juró en su asunción: Los “Estatutos de la Revolución Argentina”. La mirada mesiánica de este oscuro general lo llevó a concebir una acción de gobierno creando un marco normativo que reemplazó a la Constitución Nacional aprobado por él y los tres comandantes en jefe.

Resulta ilustrativo detallar que estos golpes de Estado son parte de los manejos geopolíticos que trascienden la frontera nacional. Aquel modelo de gobierno que Onganía pretendió imponer fue similar al establecido en Brasil en 1964, es decir, una autocracia modernizadora que cambiase la sociedad desde arriba con o sin el respaldo popular.

Onganía fue el primer dictador que decidió llamar “Decreto-ley” a sus determinaciones de gobierno. Instaló una modalidad que también asumiría como propia la dictadura siguiente iniciada en 1976, aunque con el correr de los meses dieron un paso más en esa impunidad al directamente llamarlas Ley.  En democracia, hay 469 que siguen manteniendo ese rótulo pese a no haber pasado nunca por el valioso tamiz del parlamento.

En estas últimas semanas el diputado nacional Eduardo Valdés recogió el guante y propuso la creación de una bicameral para revisar estas normativas de cuartel, que fueron dictadas en dictaduras bajo la letra sugerida desde el acompañamiento civil que toda interrupción antidemocrática ha tenido siempre en nuestro país.

Valdés propone crear una Bicameral para revisarlas y “determinar las adecuaciones al sistema de sanción de leyes establecido por nuestro sistema republicano de gobierno, cómo así también las derogaciones o modificaciones que correspondan para garantizar el respeto a los derechos humanos”.

Posiblemente la ley de Entidades financieras, sancionada en 1977 por Martínez de Hoz, sea la más emblemática de las 469 normativas heredadas y vigentes de la dictadura. Se trata de la regulación de las entidades financieras que fue establecida en una época donde el plan que tenía el Banco Mundial implicaba que no quedará banca pública sin privatizar en el país.

La marca que dejó esta reglamentación se puede ver en un período de 24 años. En 1989 existían 33 bancos públicos (nacionales, provinciales y municipales), a finales de 2013 quedaban sólo 12, producto de las privatizaciones y liquidaciones de entidades. De esos 12 solo 6 son 100% estatal los otros 6 tienen una participación mayoritaria del Estado.

La herencia de normas de la dictadura que aún nos rigen abarca también algunas leyes clave del Código Penal, buena parte de los beneficios que ostenta la Iglesia y una porción de la regulación del comercio exterior. Se trata de normativas que hieren la democracia, entorpecen la gobernabilidad. Fueron pensadas y sancionadas por voluntad y decisión de quienes usurparon del poder ignorando la voluntad popular. La democracia aún tiene un débito grande, una causa pendiente que debe saldar.