Un escándalo de proporciones desató el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires al inmiscuirse en la causa que el estado nacional lleva adelante desde hace más de dos décadas a la familia Macri por las deudas que dejó en el Correo Argentino (296 millones de dólares en 2001). El máximo tribunal de la Ciudad, compuesto por cinco jueces tres de ellos puestos por Macri, dispuso anular la resolución de la Cámara Nacional en lo Comercial que rechazó un recurso de la principal accionista de Correo Argentino S.A. contra la negativa de apartar a la magistrada que tramita el concurso preventivo.

La resolución ocurre a pocos días de que la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, denunciara que la firma del Grupo Macri estaba buscando un tribunal amigo que le permitiera revertir el trámite del concurso de la firma postal que ya lleva 20 años. La decisión que dejó “sin efecto” el rechazo del recurso de inconstitucionalidad de Socma Americana SA por parte de la Sala B de la Cámara y dispuso remitir el expediente a ese tribunal para que vuelva a pronunciarse sobre la admisibilidad del planteo, fue tomada por mayoría de tres a dos.

Mientras los jueces Santiago Otamendi (exsecretario de Justicia del Gobierno de Macri), Inés Weinberg (excandidata del gobierno de Macri para la Procuración General de la Nación) y Marcela De Langhe cuestionaron que el tribunal nacional no tuviera en cuenta precedentes de casos similaresni efectuó el “juicio de admisibilidad” del recurso, sus pares Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz consideraron que el planteo de Socma no reunía los requisitos para habilitar su intervención.

La cuestión que llegó a la máxima instancia de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires se suscitó en febrero último, cuando la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial rechazó, por tardía, el pedido de Socma para que la juez Marta Cirulli sea apartada del proceso sobre el concurso preventivo del Correo Argentino. Unos días antes la misma Sala de la Cámara había desestimado un planteo de Socma, que, como accionista de la concursada, pedía que se diera intervención al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el trámite de recusación de la fiscal Gabriela Boquin, que también le resultó adverso.

El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003, año en que el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió la concesión. La empresa sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año de concesión y que a 2001 la deuda del Correo con el Estado en concepto de canon ascendía a $296 millones. Entre 2003 y 2015 el Correo Argentino realizó distintas propuestas que fueron rechazadas por los representantes del Estado nacional, que es el acreedor mayoritario

En junio de 2016, ya con Macri como presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la empresa con los acreedores. Los representantes del Estado aceptaron la segunda oferta presentada. El Correo hizo una oferta escandalosa, pagar el “100% del capital verificado”, en referencia a los $296 millones, en “15 cuotas anuales y consecutivas” abundándola desde fines de 2017.

Hace un par de semanas, la Sala B de la Cámara, integrada por Matilde Ballerini y María Gómez Alonso dispuso que continuara la intervención judicial a la empresa, medida que Cirulli había tomado en marzo de 2020 cuando, para evitar “potenciales perjuicios a acreedores”, ordenó el “desplazamiento total” de sus directivos.

Esa medida, dictada en el marco del proceso de “salvataje” de la empresa, había sido ordenada a requerimiento de Boquin, que contó con la adhesión del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, tras el fracaso de propuestas de acuerdo de pago a acreedores y denuncias de “vaciamiento”