El veto a jubilados desnuda un modelo de país alejado de valores humanos

Cuando se habla de recomponer el salarios de jubilados no se está haciendo foco solamente en un tema económico. Es, fundamentalmente, un planteo que expone valores con los que se construye un proyecto político y cultural de un país. La respuesta que se le ofrece a los jubilados define el perfil social y los condimentos humanistas que nutren el modelo gobernante.

El presente salarial de nuestros trabajadores pasivos es lamentable. La ley que vetó Milei llevaba la mínima de $234.000 a $317.000, es decir, implicaba un aumento de $80.000. Cifra similar a la que cobraron este último mes gracias al bono de $ 70.000 que dio el gobierno. El mes próximo la cifra se mantendrá en niveles similares si es que Milei (no una ley) reitera pagar ese bono.

El director de ARBA, Cristian Girard, dio una explicación de como funcionan hoy día las cosas para quienes están en la vereda opuesta a la pobreza de los jubilados. Señaló que gracias a las leyes del paquete fiscal del gobierno nacional, bajaron los impuestos al patrimonio. Los ricos pagan hoy menos impuestos, mientras dan clases de austeridad y moral a millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Alguien que tiene un patrimonio de US$1.000.000, sumando una casa, dos autos y dinero invertido financieramente (70% en el exterior), gracias a la reducción de Bienes Personales, de 2,25% a 1,25%, va a pagar entre un 80% y un 85% menos de impuesto a la riqueza este año. Tendrá un beneficio de $12,1 millones.

Girard explica que con esos $12,1 millones que deja de pagar en concepto de impuesto a la riqueza un solo contribuyente, podría pagarse ese aumento a 150 jubilados. ¿Cuántos millones de US$ poseen como patrimonio los ricos que se beneficiaron con las leyes de Milei que redujeron el impuesto a los Bienes Personales? Los 10 más ricos deben sumar unos US$20.000 millones. Gracias a Milei pagarán este año $242.000 millones menos, con los cuales el gobierno podría haber pagado a 3 millones de jubilados el aumento de $80.000 que establecía la ley que vetó.

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