A través de una serie de mensaje desde su cuenta en la red Twitter, el presidente Alberto Fernández señaló que ordenó a la titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) investigue “acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”. La  Justicia Federal investiga lo sucedido en aquellos años a partir de la difusión de un video de tres horas de duración que muestra como operaba la mesa judicial en la provincia de Buenos Aires.

“A partir de la nueva información quisiera recordar: al inicio de la gestión denunciamos la existencia de mas de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”, comenta el presidente para puntualizar, “así, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros”.

El presidente se hace varias preguntas en relación a esta situación anómala “¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial?” y seguidamente plantea que esas preguntas exigen una respuesta. “El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”.

Fernández también reclama una participación activa y contundente de la justicia en la investigación de las pruebas presentadas. “Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos”.

Finalmente señala que impuso “a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”.