Los medios hegemónicos, es decir aquellos que sostienen estructuras comunicacionales con poder de daño para condicionar el humor social en nuestro país, han desatado en las últimas horas un volver a escena de controvertidas figuras del gobierno que condujo Mauricio Macri y sus aliados coyunturales del terreno judicial.

En la noche de este lunes mientras en TN se entrevistaba al fracasado ex ministro de economía de la alianza Cambiemos, Alfonso Prat Gay, en el canal del diario La Nación reaparecía el todavía fiscal federal Carlos Stornelli. Olvidando su agresiva incursión inaugural como número uno del palacio de Hacienda en diciembre de 2015, cuando habló de la grasa militante y desplegó un desprecio de clase sobre opositores, Prat Gay pidió más diálogo a Alberto Fernández y hasta se atrevió a dar consejos sin siquiera repasar los horrores propios que hundieron al país en un brutal proceso de endeudamiento y recesión de asombrosa celeridad.

Mientras Prat Gay daba clases de economía en TN, a poca distancia en el control de la TV, Stornelli reaparecía sin siquiera ser interrogado por los ocasionales comunicadores por su extensa rebeldía ante el llamado de un juez federal, y mucho menos cuestionado por ser uno de los protagonistas centrales del descalabro judicial de los últimos cuatro años. Por el contrario, el fiscal se encargó de coronar conceptos de los dueños de casa sobre el riesgo que implica una reforma judicial como la que impulsa el actual gobierno.

La oposición (medios más el grueso de la Alianza cambiemos) se alista para oponerse a cualquier cambio en la justicia. Defenderán a capa y espada la estructura judicial que supieron armar, e incluye más de cien jueces nombrados entre 2017 y 2018 por la administración Macri. En especial la estructura de la justicia federal que habita en Comodoro Py.

Los sectores que se aglutinan en derredor de la ex alianza gobernante cierran filas. “No hay posibilidad de reforma judicial seria cuando lo que se pretende es un plan de impunidad y quebrar la independencia de la justicia. Hoy no hay contexto, lo urgente es dar respuesta a la situación económica y social de millones de argentinos, comercios y pymes”, adelantó el titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara Baja, Maxiiliano Ferraro. Su par del Bloque Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura camina en la misma dirección: “Tenemos una nueva embestida del kirchnerismo contra la Justicia. Coincide con una embestida contra el procurador general de la Nación. Están orientadas a conseguir impunidad”.  

Durante el gobierno de la alianza Cambiemos se atropelló la justicia como en ningún otro período democrático en el país desde 1983. Los cuatro años de Macri serán recordados, entre otras características, por la manipulación judicial y las detenciones preventivas decretadas para presionar a las víctimas. Forzaron una implacable persecución política nunca antes vivida en este último período de casi cuatro décadas.

El Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ) determinó que entre diciembre de 2015 y todo el 2016, Macri sumó 22 nuevas denuncias en su contra; 51 en 2017, 38 en 2018 y 39 en 2019. Pudo contenerlas mientras se mantuvo en la Casa Rosada, algo que esperaba no termine tan pronto. De todas esas causas hay varias que resultan ser las más preocupantes para el ex presidente.

Espionaje ilegal. En total fueron abiertas cuatro causas judiciales por supuesto espionaje ilegal durante el Gobierno de Macri, dos son investigadas en Lomas de Zamora y otras dos en los Tribunales Federales de Comodoro Py, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

El fiscal federal Jorge Di Lello abrió una investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri; al ex titular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas, y a su ex segunda Silvia Majdalani, a raíz de la denuncia por supuesto espionaje ilegal presentada esta semana por la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Graciela Caamaño quien denunció que 400 periodistas acreditados para las cumbres de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del G20 que se celebraron en 2017 y 2018, respectivamente, fueron investigados por el Ejecutivo macrista mediante tareas de inteligencia no ordenadas ni autorizadas por un magistrado.

El caso del falso abogado Marcelo D’Alessio que lleva adelante el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, compromete a numerosos funcionarios del gobierno de Cambiemos. Entre ellos al propio Macri y a quien fuera su ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En otra causa, en la que se investiga si durante su Gobierno se realizaron maniobras ilegales contra el grupo Indalo, la jueza federal María Romilda Servini ordenó se efectúe el entrecruzamiento de llamadas desde los celulares del presidente Macri con integrantes de la llamada mesa judicial que operó, como supo definir el presidente Alberto Fernández, desde los sótanos de la democracia en los años de la gestión de Cambiemos. Macri, a través de su abogado Pablo Lanusse, presentó un escrito considerando que se trata de una medida abusiva. El ex mandatario apeló la medida ordenada porque, juzgó, “carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso”.

Otra sucesión de causas con un mismo troncal están relacionadas a los peajes. En éstas se involucra a autopistas Del Sol donde ya están procesados, el ex procurador Bernardo Saravia Frías y al extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, investigados, por el pago de unos 500 millones de pesos a esta empresa concesionaria del acceso norte de la cual Mauricio Macri era accionista en ese momento. En la era Macri se renegoció por doce años la prórroga de la concesión. El ex presidente está imputado junto al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Similar característica a esta causa tiene otra ligada a Autopistas Del Sol, que pertenecía a SIDECO S.A (de la familia Macri), denunciada luego de una maniobra donde el ejecutivo autorizó un aumento de los peajes del 400 por ciento. Las acciones de las mencionadas autopistas se vendieron en 19,7 millones a Natal Inversiones SA, produciendo una exponencial ganancia que investigó el juez Daniel Rafecas hasta su decisión de archivar la causa.

Otra causa que jaquea al ex presidente Macri es la del Correo Argentino, donde se investiga la aceptación por parte del ejecutivo nacional de una deuda que pertenecía a la familia de Macri. El juez Ariel Lijo ordenó un peritaje clave para establecer si el acuerdo fue abusivo.

El soterramiento del tren Sarmiento involucra al primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y apunta a unir este caso con las coimas de Odebrecht. La empresa involucrada (IECSA) fue propiedad de SOCMA, es decir, parte del paquete accionario pertenecía al propio Mauricio Macri y a su padre, Franco Macri y luego de Angelo Calcaterra (primo del ex presidente). El fiscal Franco Picardi entregó un informe en febrero que complica a la unión de empresas encargadas del soterramiento del tren Sarmiento, encabezada por IECSA, ya que consideró que está probado que fugaron cerca de 4.495.250 dólares hacia la Banca Privada de Andorra para pagar coimas a cambio de aquella licitación

Queda un largo listado con muchas más causas judiciales para desentrañar maniobras sospechadas de fraudulentas como la relacionada con créditos otorgados por el Banco Nación por 300 millones de dólares a Vicentín, que ya tiene a ex funcionarios imputados; o la que para muchos es la maniobra más grosera en los manejos discrecionales de Macri en la presidencia, la venta de seis parques eólicos sin licitación y mediante empresas fantasmas.