Con la indisimulable impronta del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger el gobierno publicó este jueves la nueva flexibilización en la reglamentación laboral que, entre otras cosas, establece que los trabajadores regularizados por sus empleadores solo podrán computar hasta 60 meses de aportes previsionales sin importar que hayan trabajado sin ser registrados mucho más años.

La nueva normativa laboral, sancionada a partir de lo establecido en la ley de Bases sancionada semanas, define la ampliación del período de prueba, la figura del trabajador independiente que no tendrá empleados sino colaboradores y la implementación del sistema de fondo de cese laboral que sustituyen la indemnización por despido (y algunas otras más) y solo se pueden establecer en la negociación colectiva. A partir de ahora el monto, plazos y modalidades de las indemnizaciones por despido dependerán de lo que se negocie en cada Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

¿Quiénes hacen los aportes a los fondos de cese? Aquí aparece uno de los puntos más polémicos. La reglamentación prevé expresamente que puedan provenir de los empleadores y los trabajadores. De esta forma se plantea un dato insólito, los trabajadores financiando su propio despido.

El régimen de indemnización por despido pasa a depender de la negociación colectiva sin ningún piso mínimo. El Estado se desentiende por completo de su obligación de garantizar el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis CN).

Para los empleadores se trata de un régimen optativo. Si no les gusta lo negociado en el CCT pueden sencillamente decidir que van a seguir rigiéndose por el viejo régimen de indemnización por despido equivalente a un mes de sueldo por año de antigüedad.