La Secretaría de Comercio Interior emitió una normativa que establece la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores” de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional. La determinación plantea un punto de inflexión en la pulseada por controlar la voracidad empresarial en las productoras de alimentos de nuestro país que, sin justificaciones de por medio, continúan instalando aumentos de precios. La indignación ya no alcanza, el gobierno amenaza con aplicar la ley de abastecimiento si continúan boicoteando el bolsillo de los argentinos.

La concentración de la producción de alimentos en nuestro país es notable, un puñado de empresas manejan a su voluntad el mercado. En algunos rubros hay un oligopolio muy marcado. En aceites comestibles el 90% del mercado se lo reparten tres compañías: Aceitera General Deheza, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata. En gaseosas es peor aún, el 98% de la facturación se la reparten Pepsico y Coca Cola.

Hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72 por ciento de la listaaseguró el nuevo Secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien además denunció que “entre el 1 y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2 por ciento, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25 por ciento”.

La Coordinadora de Productos Alimenticios (Copal) salió con los tapones de punta a cuestionar la política de congelamiento de precios por 90 días que implementó el Gobierno. Su titular, Daniel Funes de Rioja, salió a torear la medida afirmando que “no sirve en ningún lugar del mundo”. Molinos, uno de los grupos concentrados más poderosos que pertenece a los Perez Companc, es de los más cuestionadores. Del listado de 1432 productos que están en la lista, hay 130 que son los cuestionados, de los cuales 65 o 70 pertenecen a Molinos.

Las cadenas de supermercados también meten la cola en los desbordes de la inflación. Confunden a los consumidores multiplicando promociones engañosas y confusas; trituran a las Pymes vendiéndoles espacios en las góndolas, pagándoles fuera de término e imponiendo condiciones leoninas.

El desafío para el gobierno no es menor. Se trata de ponerle límites a un sector concentrado y dominante, con poder de daño al bolsillo de los argentinos. Una tarea que, para tener éxito, requerirá del acompañamiento de la población.