A través de un DNU, firmado por el presidente Javier Miley y el ministro de Justicia Cúneo Libarona, el gobierno desactivo la Comisión Nacional por el derecho a la Identidad (CoNADI), un organismo creado en junio de 2004 que se encargó de recibir y atender a las personas nacidas entre julio de 1974 y diciembre de 1983 en Argentina que se presentan con dudas sobre su identidad. El CoNADI analizaba la documentación existente y, en caso necesario, se solicita al Banco Nacional de Datos Genéticos la realización de pericias genéticas.
Con las primeras versiones que daban cuenta de la intención dell gobierno actual en desmantelar este organismo la justicia federal de La Plata ordenó preservar toda la documentación de ese organismo. El juez federal Ernesto Kreplak la consideró “insustituible” para aquellas personas que aún no conocen sus orígenes y que son buscadas desde hace más de 45 años por Abuelas de Plaza de Mayo.
Para la legisladora Victoria Montenegro esta determinación “de Milei y Villarruel avanza en el mandato de borrar la Memoria y ocultar la Verdad disolviendo la Unidad encargada de la búsqueda de los nietos y nietas que siguen apropiados por la Dictadura. Su búsqueda es una bandera de nuestro pueblo, que tiene que salir a defenderla”.
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