El gobierno dispuso la disolución del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, y también la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón.

En un comunicado el Partido Justicialista señaló que el cierre de estos organismos se realizó de manera discrecional y abrupta enmascarando “una persecución ideológica hacia cualquier institución, persona o entidad vinculada con el justicialismo y el movimiento peronista”.

El Consejo Nacional del Partido Justicialista, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, presentó una nota ante la Jefatura de Gabinete de Ministros proponiendo la suscripción de un convenio para que se arbitren los medios necesarios para transferir todos los bienes, objetos y documentos que componen el acervo completo del Instituto al Partido Justicialista Nacional bajo su exclusivo cargo.

El Consejo Nacional, como máximo órgano partidario, asume todos los costos operativos y de conservación, sin aporte financiero del Estado, garantizando la misma calidad de gestión; y se compromete a custodiar, conservar y garantizar el acceso del público con el fin de cuidar el acervo historiográfico del Instituto y lo que representa para la Nación Argentina.