Las autoridades del Ente Nacional de Comunicación Audiovisual (Enacom) le advirtieron a las autoridades porteñas que está poniendo en peligro la continuidad de los medios públicos porteños, el Canal de la Ciudad y las emisoras AM 1110 y FM 92.7, al querer imponer una concesión que atenta contra la normativa vigente, tanto a nivel nacional como local.

De insistir Jorge Macri con la continuidad del acto administrativo que implica la delegación de la explotación de las licencias audiovisuales se estaría incumpliendo con lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), que establece que las licencias y las autorizaciones de radio y televisión son de jurisdicción federal, quedando habilitado el retiro mismo de los permisos de explotación en caso de incumplimiento.

En la notificación del Enacom, entregada el pasado 10 de abril, con la firma del interventor de organismo, Juan Martín Ozores, se le advierte a Jorge Macri que su maniobra entra en “colisión con el marco regulatorio vigente”, principalmente por violar el artículo 44° de la ley nacional que fija el principio de indelegabilidad de las frecuencias de los medios públicos porteños.

El llamado proceso licitatorio, publicado oportunamente en el Boletín Oficial de la Ciudad, donde avanzar en la “concesión del gerenciamiento con carácter oneroso de la operación del Cable de la Ciudad y Radios de la Ciudad de Buenos Aires”. Esto, de acuerdo a lo planteado por el Enacom, constituye una falta administrativa grave que puede llevar a que los porteños y porteñas, por negligencia de Jorge Macri, se queden sin los medios públicos.

Una notificación del Enacom que deja poco espacio para dudas respecto de los pasos legalmente posibles, al indicar que la Ley 26.522 le impide a Jorge Macri delegar la explotación de las frecuencias, ceder espacios de programación, celebrar contratos de exclusividad para la producción de contenidos, o cualquier otra maniobra que implique sustituir la titularidad en la operación de los medios públicos porteños.

Por si fuera poco, el supuesto ahorro esgrimido como excusa por parte de Jorge Macri a la hora de justificar este defalco al patrimonio de los porteños y porteñas no sería tal, si se tiene en cuenta que el personal en Planta Permanente seguiría prestando servicios en el Gobierno porteño, frente a lo cual surge el interrogante respecto del beneficio para la comunidad de anular la expertiz de locutores, operadores de radio y televisión, camarógrafos y periodistas, quienes pasarían a desempeñarse en otras áreas, ajenas a saberes adquiridos con el paso de los años.

Un cuadro de situación que no deja margen para las especulaciones electorales, con una normativa nacional que impide ceder a terceros el manejo de los medios públicos de la Ciudad, sumado a una Constitución porteña que estable el encuadre normativo que debería darse al Canal y las radios estatales, según lo establecido en el artículo 47° de la Carta Magna.