Senadores de Unión por la Patria han pedido una sesión especial para el próximo jueves con la intención de expulsar al entrerriano Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con 200.000 dólares no declarados. Se trata de un senador que fue determinante para poder sancionar a principio de año la Ley de Bases. Kueider lleva seis viajes realizados al vecino país en lo que va del 2024.
Es una situación que coloca al Senado en un escenario muy complejo que nos retrotrae en el recuerdo a lo sucedido en 2001 en lo que pasó a conocerse como la “Ley Banelco”. En aquella ocasión los hechos salieron a la luz pública gracias a la denuncia y posterior renuncia a su cargo de quien ejercía la vicepresidencia de la Nación, Carlos “Chacho” Álvarez.
El vicepresidente denunció el pago de coimas en el Senado para que los representantes de las provincias levanten la mano en favor de la aprobación de la Ley 22.250 relacionada con la flexibilización laboral. Una herramienta para recortar el poder de los sindicatos y disminuir los aportes patronales para las empresas que aumentaban su plantilla de personal. La Ley fue aprobada por el Senado en abril de 2000 y un mes más tarde pasó el tamiz de diputados.
El vicepresidente involucró en la denuncia al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y al jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ex banquero Fernando de Santibáñes. Álvarez aseguró que el primero de ellos, cuando fue un abordado por el dirigente de la CGT Hugo Moyano señalándole que esa ley no pasaría exitosamente en la Cámara Alta, le respondió “para los senadores, tengo la Banelco”
El presidente Fernando de la Rúa salió en defensa de sus ministros y también del grupo de senadores acusados. Fue más lejos aún, promovió a Flamarique a cargo de la Secretaría general de la Presidencia. Al día siguiente, el viernes 6 de octubre de 2000 en el Hotel Castelar, Álvarez anunció su renuncia a la vicepresidencia.
Tiempo después, Mario Pontaquarto, quien supo ser secretario parlamentario del Senado declaró que él llevó el dinero de las coimas, aportado por la SIDE. Fueron 5 millones de dólares. En el marco de la causa penal De la Rúa negó todo. A fines de 2012, todos los implicados fueron absueltos.
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