La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) emitió este miércoles un comunicado denunciando la grave situación por la que atraviesa la educación en nuestro país, al tiempo que llama a una movilización de resistencia a las políticas de la extrema derecha.
«Resulta difícil pensar la educación del porvenir si quienes tienen la responsabilidad de conducir políticamente el país aceptan y legitiman estas concepciones retrógradas, antiderechos y negacionistas», señala el documento que también plantea como muy grave las posturas planteadas por el presidente Milei en su reciente discurso en Davos.
Los docentes remarcan que tampoco se pueden naturalizar las devastadoras consecuencias de las políticas socio-educativas implementadas por el gobierno de Javier Milei desde que asumió como presidente de nuestro país en diciembre de 2023. En ese contexto el comunicado firmado por la Secretaria General, Sonia Alesso, y el secretario General Adjunto, Roberto Baradel, el gremio docente da cuenta de los deterioros más significativos en el área educativa en estos 14 meses de gobierno libertario.
- Degradación del Ministerio de Educación a Secretaría, y sumisión de esta cartera al Ministerio de “Capital Humano”.
- Vulneración del derecho a la educación, que se ve plasmada en los sistemáticos intentos de declaración de la educación como un servicio y del conocimiento como un bien de mercado.
- Desfinanciamiento y ajuste del presupuesto educativo que cayó un 40% entre el ejecutado en el año 2023 y el presupuestado para 2025, alcanzando su nivel más bajo en 40 años.
- Incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y de la Ley de Educción Nacional que exigen la inversión del 6% del PBI en educación.
- Suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), desconociendo que este fondo es un derecho conseguido en el año 1998 gracias a la lucha docentes, que significa la pérdida entre un 10% y 15% del salario.
- Eliminación del financiamiento para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y para Educación Técnico-Profesional.
- Paralización de la obra pública educativa, interrupción de entrega de equipamiento, computadoras, libros y materiales didácticos.
- Instauración de un vouchers educativo destinado a las familias que mandan a sus hijos a las escuelas privadas. Recursos del Estado financiando directamente a la demanda privada.
- Inhabilitación de la participación concreta de la docencia y de sus organizaciones sindicales para la definición de las políticas del sector: reducción de la instancia paritaria y de las mesas técnicas a su mínima expresión, exclusión de los sindicatos en las reuniones del CFE, cambios curriculares en la formación docente sin participación de las/os educadoras/es.
- Interrupción de programas, proyectos e instancias de formación en temas transversales como la ESI, la educación ambiental y los derechos humanos.
- Desmantelamiento del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”.
- Precarización laboral a través de la imposición del presentismo, premios coercitivos y sistemas punitivos de evaluación y acreditación de las instituciones de formación docente”.
- Sumisión a los dictámenes de las corporaciones y funciones privadas para la definición de la política educativa, como por ejemplo, el Plan Nacional de Alfabetización”, que responden a las lógicas de las tendencias privatizadores y mercantilizadoras de la educación.
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